El Defensor del Pueblo Andaluz reclama una intervención en la Torre de Santa Bárbara de Huércal-Overa

Según indica la resolución, consultada por Europa Press, fue en abril del pasado año cuando el Defensor acordó incoar queja de oficio tanto ante el Ayuntamiento de Huércal-Overa como ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía debido al estado de conservación del BIC, construido en el siglo XIII, y del que quedan restos de sus torres.

Según explica el órgano que preside Jesús Maeztu, desde el Consistorio se ha señalado que no se ha adoptado "ninguna medida" de rehabilitación, por ser este inmueble de propiedad privada, así como tampoco se ha procedido a su vallado perimetral, debido a la "insuficiencia presupuestaria" del Ayuntamiento para tal fin.

Asimismo, la Delegación de Cultura asegura que remitió un escrito a la administración local para advertir del deterioro del inmueble, ante lo que le ofreció "asesoramiento técnico tanto para vallar la zona como para redactar un proyecto de consolidación" a la vez que se informó de la necesidad de que el edificio pasara a ser de titularidad pública.

El Defensor señala en su escrito que el inmueble afectado "ostenta una especial singularidad, ya que se trata de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, con lo que la información de la delegación "ratifica de manera preocupante el estado de dicha Torre al declarar que el edificio está muy deteriorado, especialmente en las zonas bajas del muro y tercio de altura, con posibilidad de derrumbe de algún paño del mismo, sobre todo en las esquinas o el desprendimiento de mampuestos de la parte alta".

"De la información aportada por esa Delegación Territorial y el propio Ayuntamiento, parece posible colegir que tal deber de conservación no se ha materializado en actuación alguna, más allá de las iniciativas de impulso y de asesoramiento que, oportunamente, ha realizado la Delegación", ha manifestado el defensor.

Con esto, recuerda que la "aparente imposibilidad" de dirigir a los titulares las medidas u obras de conservación "deben ir seguidas, subsidiariamente, de la aplicación del siguiente nivel de intervención de las autoridades", especialmente en materia de seguridad, por lo que considera "especialmente oportuno" acometer el vallado.