Cerca de 50 años para alcanzar un acuerdo entre España y EUUU sobre Palomares

Tras esta rúbrica por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, está previsto negociar un acuerdo vinculante, "tan pronto como sea posible".

En la mañana del 17 de enero de 1966, se produjo sobre Palomares, una pedanía del municipio almeriense de Cuevas del Almanzora, la colisión de un bombardero B-52 y un avión nodriza de la base de Morón de la Frontera, KC-135 de las Fuerzas Aéreas de EEUU durante una operación rutinaria de repostaje en vuelo.

Las cuatro bombas y los restos de los aparatos se esparcieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar de la zona.

Dos de las armas nucleares impactaron en el suelo y sus nueve kilos de combustible nuclear se diseminaron por la zona, en forma de óxidos de plutonio, uranio y americio fundamentalmente.

Tras el accidente, el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga; el que fuera embajador de Estados Unidos en España, Angier Beiddle Duke, y el presidente entonces de la Agencia Efe, Carlos Sentís, se bañaron en el mar para demostrar al mundo y a la población local que no había peligro para la salud.

En los últimos años, en especial desde el 2010, ambos países han colaborado en estudios ambientales de las áreas contaminadas y en la vigilancia y toma de muestras, así como en la caracterización de los residuos para el depósito de las tierras en una instalación estadounidense.

Inmediatamente después del accidente, las Fuerzas Armadas estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, denominada Línea cero.

Comenzaron los trabajos de remediación sobre el suelo superficial y las cosechas; trabajaron más de 740 personas -600 de ellas de las Fuerzas Aéreas americanas- y se emplearon casi 100 vehículos, más de 20 máquinas pesadas y 33 navíos.

Las operaciones costaron a EEUU 80 millones de dólares de la época, y se retiraron, en 4.810 bidones, 1.400 toneladas de tierra y restos vegetales que fueron transportados por mar a ese país, donde quedaron depositados en el centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility (Carolina del Sur) el 8 de abril de 1966.

Acabada esta intervención, se firmaron acuerdos entre el Departamento de Energía de EEUU y la Junta de Energía Nuclear, y dio comienzo el Proyecto Índalo para el seguimiento de la población potencialmente afectada y de la actividad residual de suelo, fauna y flora.

En aquella época, la explotación económica de las áreas afectadas consistía en el cultivo esporádico en régimen de secano, con escasa producción.

Los fines del Proyecto Índalo fueron: recopilar información sobre la presencia de plutonio y uranio en personas potencialmente expuestas; medir las concentraciones de plutonio en el aire en áreas agrícolas contaminadas; medir la contaminación (tanto por absorción del suelo como por dispersión por el viento) de los productos agrícolas de áreas ya tratadas, y estudiar la migración del óxido de plutonio en el suelo (removido hasta una profundidad de 30 cm).

Tras la transformación, en 1986, de la Junta de Energía Nuclear en el actual Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y tecnológicas (Ciemat) se mantuvo la colaboración en la vigilancia de los efectos del accidente.

Según los sucesivos estudios, el riesgo consistiría en que las partículas contaminantes, que están adheridas a los suelos, pudieran ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire.

Ambas vías se controlan en la actualidad gracias al control de acceso y vallado de los terrenos de las zonas afectadas.

La exposición de la población de Palomares es muy baja y las dosis son irrelevantes desde el punto de vista de la protección radiológica, según el Ciemat.

A lo largo de los años, las misiones internacionales de verificación han considerado que los estudios radiológicos y de vigilancia son apropiados, pero -dada la vida media extremadamente elevada de las sustancias involucradas-, es necesario que las tareas del Ciemat continúen.

Desde 1966, los programas de vigilancia realizados no han mostrado ningún resultado que haga sospechar la existencia de morbilidad inducida por las radiaciones ionizantes y no hay evidencia de patología directamente relacionada con la dispersión de material radiactivo en el medio ambiente, explica el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en uno de sus informes.