La jueza prorroga por octava vez el secreto en el caso 'Edu' por presunto fraude en cursos de formación

Fuentes judiciales han indicado que la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Almería dictó el auto el pasado día 5. La última decisión para mantener esta medida se emitió con fecha de 9 de enero.

El secreto de sumario se decretó una vez se judicializó el caso, tras la denuncia elevada por la Fiscalía, y a la espera de que se incorporase a la causa el informe que se ofició a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a instancias del Ministerio Público.

La juez María del Mar Moreno indicó que el conocimiento de las actuaciones de su juzgado "podría perjudicar la investigación en curso" aunque si ha admitido la personación la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta como parte en el procedimiento.

Los agentes de la UDEF continuan con el calendario de citaciones iniciado este martes en la provincia de Almería con declaraciones en sede policial en la jornada de este miércoles de, entre otros, concejal de Seguridad Ciudadana de Vícar (Almería), el socialista José Luis Leseduarte.

El edil del PSOE es profesor de educación vial y ha trabajado como instructor en distintas autoescuelas y centros de formación de la localidad vicaria. Asimismo, según recoge la web municipal, Leseduarte es director de un centro de formación en extinción de incendios y de transporte de mercancías peligrosas.

Las resoluciones apuntan a que el centro de formación 'Indalo', donde el concejal prestó servicios, obtuvo en enero de 2011 y de 2012 sendas resoluciones por parte de la dirección provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo.

Estas resoluciones concedían al centro 129.611,25 euros y 92.373,75 euros en concepto de subvención para el desarrollo de los programas de Formación Profesional para el Empleo. La academia figura además como centro colaborador del Servicio de Empleo de la Junta de Andalucía y es centro de referencia en formación relacionada con el transporte y logística.

En la primera jornada de este calendario, que está previsto se prolongue en dos fases hasta el día, se le comunicó su imputación policial por presunta falsedad y fraude en subvenciones y a la Seguridad Social al concejal y miembro de la ejecutiva local del PSOE en Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien, tras abandonar la Comisaría, entregó su acta de edil y tramitó su baja de militancia en el partido.

Ortega acudió junto a su exmujer, su hija y una profesora de una de sus academías, también imputadas policialmente, por las subvenciones recibidas por las los centros Ormar Informatic SL, Infosol SL e Inmecamar SL, de los que son administradores.

La fase iniciada este martes, y que lleva tras la toma de declaración a alumnos y profesores relacionados con los cursos para recabar datos, se va desarrollar con actuaciones como registros domiciliarios y de empresas de Cádiz, Málaga y Almería hasta el día 13. La segunda fase, según han precisado, comenzará el día 16 y tiene previsto culminar el día 20.

Investigación de la Fiscalía

El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentaban características que hacían "presumir la posible existencia de infracción penal".

La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realizase "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería.

El Ministerio Público indicaba entonces que lo actuado hasta el momento daba cuenta de "irregularidades" que habrían sido "detectadas" en la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE".

Remarcaba que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producían "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación y señalaba, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".

En concreto, y en una fase muy indiciaria de la investigación que ahora apunta hacía 35 personas y 17 mercantiles, hacía mención a "varias" empresas en las que se "han detectado diversas irregularidades" y que concretaba en Quintaeventos SL.; Ormar Informatic SL.; Inmecamar SL.; y Academia Infosol SL.