Corrupción en Almería

Cinco años y tres meses de cárcel para Juan Enciso por la Operación Poniente

Según ha dictaminado el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, sentencia a la que ha tenido acceso IDEAL, el principal imputado en la causa, el actor sin el que nada habría sido posible, el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión en el seno de esta macrocausa que ha tardado 15 años en ser resuelta por el sistema judicial de la provincia de Almería. También se le condena, a Enciso, a otros 13 años de inhabilitación por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Sin embargo, la pena dista de lo que pedía Anticorrupción: le absuelve de los delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, delito societario y cohecho. Son los delitos que engordaban la petición del fiscal (que había solicitado, atención, 64 años de prisión) y que minimizan el castigo de encarcelamiento.

La pena impuesta a los encausados, bastante más baja de lo que solicitaba el impulsor de la investigación -el desaparecido fiscal José Jesús Gázquez- responde a que la mayor parte de los delitos contra la hacienda pública, severamente penados y que se cuantifican por años de comisión, han sido desechados por los tres miembros del tribunal de la sección tercera que han juzgado este singular caso de corrupción. Y esto ha desinflado las penas hasta reducirlas en aproximadamente un 90% de lo que solicitaba inicialmente la Fiscalía.

Sirve de ejemplo que el acusado con una pena impuesta más alta, el exinterventor accidental del Ayuntamiento de El Ejido, José Alemán Bracho, considerado el cerebro de la trama y para el que también se solicitaban 64 años de prisión, tan solo pisaría la cárcel unos siete años y medio: cinco años y tres meses por malversación continuada y dos años y tres meses por cohecho pasivo (esto es, por dejarse sobornar). Se mantienen, sin embargo, aquellos delitos vinculados directamente con la gestión de fondos públicos.

Según la sentencia, el único perjudicado económico de esta trama corrupta sería por lo tanto el Ayuntamiento de El Ejido y no el Ministerio de Hacienda. Eso permitirá que el Consistorio reponga, una vez la resolución sea firme, el dinero saqueado, que el tribunal cifra con detalle en 54.165.775 euros, concretamente, debido a los sobrecostes y de los trabajos no realizados que una veintena de sociedades fueron facturando a la empresa Elsur y, a través de ella -con menor fiscalización- al Ayuntamiento de El Ejido.

La sentencia emitida por la Sección Tercera de la Audiencia considera probado que desde la constitución de la empresa público-privada se fueron sucediendo «hechos favorables a los intereses privados de varios grupos empresariales ajenos al interés público exigido legalmente y que a través de los mismos han contribuido a esquilmar las arcas municipales usando como parapeto la empresa mixta».

La sociedad mixta se había constituido en noviembre de 1995 con un 30% de participación municipal y el 70% restante de la empresa Abensurasa, perteneciente al grupo Abengoa. De forma indirecta, la sociedad de nueva creación se iba a encargar de la conservación del pavimento, alcantarillado, distribución de agua y su depuración, alumbrado, conservación de parques, jardines y zonas verdes y cualquier actividad sobrevenida.

«Sin embargo, mediante subcontrataciones a precios desorbitados, el canon cobrado por Elsur al Ayuntamiento de El Ejido ha resultado ser abusivo en relación con los servicios prestados». A título de ejemplo, la sentencia constató que, para el periodo 1996-2008, se preveía un canon de 47,9 millones de euros y se elevó hasta superar los 171 millones.

A lo largo de varios años de actividad en el municipio, las cantidades malversadas ascendieron a un total de 54.165.775 euros como consecuencia de los sobrecostes y de los trabajos no realizados que una veintena de sociedades fueron facturando a la empresa, lo que provocó un paulatino y considerable aumento del canon que el Ayuntamiento le abonaba anualmente. Ahora, las personas que en diferente medida se aprovecharon de la situación han sido condenadas a la devolución de aquellas cantidades y las empresas a afrontar la responsabilidad civil.

Los magistrados consideran probado que «todas estas actividades ilícitas fueron consentidas» por el ex alcalde, Juan Antonio Enciso Ruiz, y por el interventor municipal, José Antonio Alemán, siendo ambos además presidente y vocal del Consejo de Administracion de Elsur, respectivamente, «haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control» de los fondos públicos. «A sabiendas», subraya la sentencia, «el interventor autorizaba el gasto, una vez contabilizado», y el alcalde «autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente».

Aunque tanto el ex alcalde como su esposa constituyeron una sociedad entre ambos por la que llegaron a ingresar un total de 671.000 euros, los magistrados sostienen que «no se ha acreditado que dichos pagos encubrieran donaciones o comisiones ilícitas» en su condición de regidor municipal y tampoco «se ha conseguido prueba suficiente del enriquecimiento personal», razón por la cual el tribunal le absuelve del presunto delito de cohecho.

Por su parte, y con respecto a Alemán, la sentencia asegura que «no solo hizo dejación de funciones», sino que «permitió, a cambio de grandes prebendas económicas, que los hechos enjuiciados tuvieran lugar». Los magistrados subrayan que «constituyó» directamente o por medio de familiares empresas con las que lucrarse «ilícitamente y así obtener fuertes ingresos que se invierten en crear un importante patrimonio inmobiliario, adquirir vehículos de alta gama, valores mobiliarios y gastos de lujo». De esta manera, llegó a percibir por diferentes vías cerca de 7,5 millones de euros.

La esposa de José Alemán, Isabel Carrasco, también ha resultado condenada por malversación de caudales públicos a una pena de 3 años y 3 meses de prisión y 9 de inhabilitación y a otros 5 meses de prisión y al pago de una multa de 431.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.

En lo que respecta a los empresarios, uno de los que ha recibido la condena más alta ha sido Juan Antonio Galán, al que la sentencia atribuye la propiedad o participación en hasta 16 sociedades que le han reportado un importe por sobrefacturación de más de 15,5 millones de euros. Su actividad en esta trama le ha supuesto una condena de 4 años y 9 meses de cárcel y 12 de inhabilitación por la comisión de un delito de malversación y el pago de una multa de 2.290.937 euros por el delito de cohecho.

La contribución de su esposa María Gema de la Peña y de su hija Yolanda Galán ha tenido como resultado sendas condenas de 3 años y 3 meses de prisión y la inhabilitación por un periodo de 9 años por la comisión de un delito de malversación.

El macrojuicio de 'Poniente' por una presunta trama de corrupción política y empresarial en El Ejido que habría detraído, según la Fiscalía Anticorrupción, más de 50 millones de euros de las arcas municipales entre 2002 y 2009 quedó visto para sentencia después de casi seis meses de sesiones.

Casi trece años han transcurrido desde que la Policía Nacional irrumpió un 20 de octubre en las dependencias del ayuntamiento ejidense y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) con participación al 70% del Grupo Abengoa, y detuvo a una veintena de personas, entre ellas el exalcalde Juan Enciso y quien fuera el interventor accidental José Antonio Alemán.

La operación 'Poniente' había explotado tras dos años de investigación impulsada por el fiscal Anticorrupción Jesús Gázquez, quien falleció durante la celebración de la vista oral, pero habrían de transcurrir largos años de instrucción para llegar a un juicio partido en dos actos debido a la pandemia, que obligó, además, a varias suspensiones por casos positivos de covid entre las partes.

Durante el trámite de cuestiones previas desarrollado en febrero de 2020, el Ministerio Público retiró la acusación por los todos delitos contra la Hacienda Pública relativos a los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 ya que estimó que habrían prescrito, lo que ya supuso rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, para los principales acusados.

La Fiscalía atribuye a Enciso y Alemán presuntos delitos de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.