Protesta en Almería en apoyo de los funcionarios de Justicia encerrados en el Ministerio

Según han trasladado desde CSIF, cientos de trabajadores y trabajadoras de estos cuerpos, que representan el 93% del personal del conjunto de la Administración de Justicia, han protestado en las ocho provincias andaluzas para trasladar su apoyo a los representantes del comité de huelga encerrados en la sede ministerial, que han visto cómo la primera reunión que ha accedido a mantener con el colectivo el departamento que dirige Pilar Llop no ha servido para que la Administración pusiera encima de la mesa una propuesta seria de mejora salarial para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de nuestro país, 800 de los cuales se encuentran en Almería.

De este modo, continúa convocada la huelga indefinida que se inició el pasado 22 de mayo, así como distintas movilizaciones y asambleas informativas para trasladar la realidad de este conflicto, que continúa plenamente vigente.

Protestas en todo el territorio andaluz

En concreto, en Almería, Córdoba y Málaga han tenido lugar este miércoles sendas concentraciones ante las respectivas ciudades de la Justicia de estas capitales. Igualmente, en la provincia de Cádiz los funcionarios han protagonizado una cacerolada en la sede del PSOE de Jerez de la Frontera.

Asimismo, en Granada se ha desarrollado una cacerolada ante la Subdelegación del Gobierno en esta provincia, que ha incluido un corte de tráfico; mientras que en Jaén los funcionarios se han congregado en los juzgados de Primera Instancia 1, 2 y 7 de la capital.

Por su parte, en Huelva el colectivo ha marchado desde el Palacio de Justicia a la Subdelegación del Gobierno y en Sevilla ha tenido lugar una concentración en los Juzgados del Edificio Viapol.

El presidente del Sector de Justicia de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, lamenta que los trabajadores y trabajadoras afectados «sean tratados como funcionarios de segunda frente a otros cuerpos», y ha recordado que «llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente», de forma que «si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca», ha argumentado.

Los sindicatos convocantes –además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT- exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de un millón juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 40 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España. CSIF lamenta los perjuicios e inconvenientes causados a la ciudadanía, si bien subraya que el único responsable es el Ministerio.