Caso Gabriel

Patricia, la madre de Gabriel, anuncia una cruzada judicial contra un documental de Ana Julia Quezada

A juicio de Ramírez, este audiovisual surge enmarcado en «presuntas irregularidades» que se estarían cometiendo en la prisión donde se encuentra la asesina de su hijo, en Brieva (Ávila), en donde, «a través de su abogado», se habría promovido un producto 'true crime' para hablar de aquellos días en los que cometió el crimen de Gabriel y que, a su juicio, incurre en revictimización para la familia y también en un posible blanqueamiento de la victimaria.

Ramírez anunció el inicio de una guerra judicial para que este documento no vea la luz y que partirá de querellas contra las «presuntas irregularidades de la cárcel», ante un «presunto delito de cohecho entre los funcionarios de la prisión», las personas relacionadas fuera de la cárcel, con la prensa, la propia presa «y también hacia Instituciones Penitenciarias» y la productora del documental.

Y es que, a su juicio, esta constante amenaza de volver a revivir los días del crimen está provocando severas «consecuencias personales» tanto a ella como a su pare y al resto de la familia por lo que denominó como «violencia mediática». «Mi madre, que tiene una enfermedad degenerativa, me la están reventando, a mis sobrinas, a todas las personas que nos acompañaron y que sufren por este tipo de malas prácticas. Además, tengo consecuencias físicas tales como neuralgia, enfermedades inflamatorias, gástricas, digestivas y un reciente soplo al corazón... entre otras», conectó. También detalló las secuelas psicológicas, tales como «ataques de pánico, ansiedad, fobia social, depresión que me exigen apoyo psicológico permanente. No voy a hablar de las económicas porque se las pueden imaginar».

Para explicar la fractura moral que Patricia Ramírez dice padecer junto al resto de la familia del niño -también el padre, Ángel Cruz, ausente de la rueda de prensa por estar en el extranjero, pero que grabó un vídeo mostrando su complacencia con lo anunciado por Patricia Ramírez- la progenitora del pequeño Gabriel recorrió cronológicamente lo ocurrido desde que tuvieron conocimiento, hace tres años, de que un grupo multimedia pretendía hacer un documental con la asesina de su hijo. Según trasladó, una empresa productora contactó con ambos progenitores, que se negaron a participar del mismo y que criticaron la actitud de «su asesina y su abogado».

Desde entonces se han publicado otros documentos periodísticos, alguno de ellos enfocados en la asesina, como un podcast elaborado por un grupo catalan que, a su juicio, «no contaban la verdad, sino que manchaba el honor» de su hijo. «Se denunció y se archivó el caso», dijo. Posteriormente, hace un año y medio, una productora pretendía lanzar a través de la serie 'Crímenes' una entrevista en un episodio «hablando de la prisión permanente revisable». También ahí se negaron a tomar parte.

También detalló las iniciativas emprendidas tras enterarse, hace un año y medio aproximadamente, que a Ana Julia Quezada se le había concedido un permiso para grabar dentro de la cárcel únicamente en formato audio bajo el argumento de que se obtendrían «ciertos beneficios» que, según habrían justificado, a la postre servirían para hacer frente a las responsabilidades civiles. «Pagarla para que nos veje», ha resumido Patricia, quien ha criticado que durante este tiempo aún no se ha depurado la situación económica de Ana Julia Quezada al no haberse investigado sus bienes en República Dominicana ni su estado actual. Aquello dio lugar al inicio de contactos para personarse como víctima.

No obstante, Ramírez asegura que «en noviembre 2023», recibe información «de que nuevamente se está grabando un documental dentro de la prisión» a la asesina de su hijo. La pasada Navidad tuvo la oportunidad de reunirese con el secretario de Estado de Seguridad, y con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, a los que les trasladó su preocupación ya que la condenada tiene un teléfono móvil en prisión y «dinero» que le habrían hecho llegar desde la calle con la «complicidad» de funcionarios de prisión en los sucesivos vis a vis.

Pese a que se le aseguró de que desde Vigilancia Penitenciaria eran contrarios de otorgar permisos para grabar a este tipo de presos, Patricia Ramírez aseguraba ayer que este mismo mes de abril «dentro de la cárcel se la sigue grabando» y que «la producción ya está prácticamente». Es más, se ha contado con otros testimonios cercanos a ella. «Nos informan que sigue siendo gestionada por su abogado y de que además va a tener ciertos beneficios», se quejó la madre de Gabriel Cruz, quien entiende que se estaría grabando «de forma ilícita», por lo que ha señalado las «irregularidades» que se estarían cometiendo en prisión.

«¿Por qué no nos han comunicado nada y nos dijeron que su voluntad es contraria? ¿Esto es legal? ¿Cómo puede haber pasado si en diciembre les dije lo que estaba haciéndose? Cuatro meses de tortura, de silencio, de no poder hablar de ello por miedo a que se nos expusiera públicamente y se generara un debate».

Ángel Cruz, de manera remota, denunció tener «conocimiento de que se está haciendo la serie documental en cuestión. «No nos parece bien, no estamos de acuerdo y no vamos a formar parte. No es necesario volver a emitir estas imágenes de aquellos días, permitir a la asesina de mi hijo hablar de nuestro hijo y de nosotros. Ella nos infligió el mayor daño posible, incluso poniendo pruebas falsas para hacernos pensar que Gabriel estaba bien», dijo en un vídeo emitido durante la rueda de prensa.

«Seis años después, los medios tienen la oportunidad de que Ana Julia no vuelva a destrozarnos. Por favor, nunca olviden lo que hizo hace seis años, lo engañó, lo llevó a un sitio donde nadie la podía ver y lo asesinó. Exigimos respeto, no podemos vivir en una sociedad tan vacía, en la que por un puñado de euros la asesina pueda volver a hablar y mentir. Será un juez el que determine el final de esta causa», terminó.

Además de esa cascada de querellas, Patricia Ramírez también ha detallado que ha pedido la solicitud de asistencia al Congreso y al Senado, toda vez que ha informado a Interior de sus iniciativas por lo que confía en que «paralicen esta situación que jamás debería haberse dado».

Igualmente rogó a las plataformas audiovisuales que no adquieran este tipo de productos. «Que se imaginen que estoy sentada a su lado, o que soy su hijo, su hermana, su madre, y que no lo hagan», pidió.