«La justicia sin perspectiva de género es otra cosa, pero no es justicia»

–Han pasado 18 años desde que se aprobó la ley integral contra la violencia de género. Después de tantos años, ¿hay que modificarla? ¿se ha quedado antigua?

–La ley es una ley pionera y magnífica, pero hemos ido evolucionando y se nos ha quedado pequeña. Pequeña en lo que es el marco legal de los compromisos que España ha adquirido, como el caso del Convenio de Estambul, el Pacto de Estado y la Unión Europea. Nos están diciendo que es insuficiente para abarcar las violencias de género -y hablo en plural- que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres.

–¿En qué aspectos?

–Se nos ha quedado pequeño el abordamiento de lo que son las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual, matrimonios forzosos, la mutilación digital… es decir, todo ese marco delictivo que tiene un único punto de mira: las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en ese engranaje, pues se nos queda pequeña la actual ley. Pero hay una cosa positiva. Con la aprobación de la ley del 'Solo sí es sí', al año de la aprobación el Gobierno tiene que ampliarnos las competencias para que podamos llegar a todas las agresiones sexuales, dentro o fuera de la pareja. Eso es un paso importantísimo para abordar estos delitos.

–No sé si tiene la sensación de que hay una gran parte de la sociedad que entiende lo que es la violencia de género, pero que lo circunscribe al ámbito de la pareja. ¿Hace falta seguir explicando que también se da fuera de ella?

–Sí, bueno es que ese paso legislativo está dado; e internacionalmente es así. España tiene que converger con esa idea. Además es que la violencia contra la mujer no solo atenta contra los derechos individuales, sino que es una cuestión de Estado. En el momento en el que estamos validando la violencia contra la mujer como algo normalizado, estamos perpetuando unos patrones discriminatorios que tienen que ser transformados. Pero a mí lo que más me preocupa como fiscal es que estos patrones reafirman a las víctimas ese orden patriarcal. Por tanto, estos condicionamientos nos hacen pensar que estamos ante cuestiones de Estado. Eso lo dice la ley integral y ese es el camino. No es una cuestión de cada mujer, sino una realidad social en la que vivimos y que debe ser desterrada.

–Durante mucho tiempo se ha dicho que el artículo 416 del Código Penal era un 'coladero' que permitía a muchos agresores salir en libertad porque sus parejas no declaraban contra ellos. Entiendo que se esa situación ha cambiado…

–Sí. Volviendo al tema de la cuestión de Estado, siempre se ha dicho que la violencia contra las mujeres es un delito público, pero la realidad procesal lo estaba convirtiendo en un delito privado. Se dejaba al arbitrio de la víctima la posibilidad de no declarar contra el maltratador al estar vinculado por una relación. En la realidad práctica, esto hacía que todas las víctimas que seguían en ese estado de victimización, hacían uso de este derecho para no declarar y dejaban un vacío probatorio. ¿Qué ha ocurrido? Esto se reformó y ahora la víctima que ha sido denunciante ya no va a tener la llave del proceso. Tiene la obligación de declarar.

–A lo largo de estos 18 años imagino que habrá habido un cambio en la tipología de las víctimas. No sé si en estos momentos hay un tipo de perfil que le preocupa especialmente…

–Desgraciadamente las situaciones son muy variadas, así como el marco de víctimas y de agresores. Pero con un denominador común: la violencia de género. Como fiscal que lleva muchos años en la materia, cada día me sorprendo más con el abanico de posibilidades de gestionar la violencia de género para las víctimas. En la actualidad hay unas sentencias pioneras con una perspectiva de género que a los juristas nos ayudan a tener herramientas de lucha contra la violencia de género. Me estoy refiriendo a conceptos que en principio eran conceptos sociales, pero que ya han pasado a los marcos legales. El concepto de la resiliencia para entender lo que es una víctima; el de la cosificación; el de la desdignificación de las víctimas, que eso lo habla el Tribunal Supremo y lo hablamos en los tribunales. Son conceptos que ayudan a entender a las víctimas. Hay otro nuevo concepto, el de docilidad. Fíjese cómo el Supremo utiliza los calificativos y las categorías para detectar una víctima. Y esa docilidad no debe ser interpretada como aceptación ni como aceptación, ni como natural desarrollo de la relación matrimonial, sino como un indicativo del terror doméstico y prolongado que la sitúa en ese plano. Con eso quiero decir que solo podemos tratar la violencia de género los que estamos formados en ella. Si no me parecía un acto de completa injusticia. Hay una amiga magistrada que es una referente, Gloria Poyatos, que dice que la justicia sin perspectiva de género no es justicia. Puede ser otra cosa, pero si no aplicamos esta perspectiva estamos cometiendo actos de profunda injusticia.

–¿Cree que la justicia es machista?

–Las leyes siempre han sido hechas por el género masculino, pero eso se ha ido corrigiendo. Eran leyes muy masculinizadas. Es verdad que la ley integral estableció un 'basta ya' a la hora de la legislación y una corrección para impregnarnos de perspectiva de género. A partir de entonces, han sido muchas las leyes y las correcciones en el código penal con esta perspectiva. Pero claro, la interpretación de la ley corresponde a los juristas. No se puede ser neutro a la hora de aplicar las leyes cuando van dirigidas a las víctimas. Y digo no se puede ser neutro en el sentido de que no se puede legislar, no se puede trabajar sin perspectiva de género. Por supuesto hay que aplicar todas las normas en todas las direcciones, pero hay que corregir la desigualdad que sufren las víctimas de violencia de género.