Ana Julia Quezada, a la espera de un veredicto dictado «sin odio ni afecto»

El texto, elaborado en base a los delitos de los que se acusa a Quezada y las pruebas -testificales, periciales y documentales- mostradas durante las siete sesiones celebradas en la Audiencia Provincial de Almería, fue presentado a las partes a primera hora de la mañana de ayer, debiendo ser modificado posteriormente para incluir las propuestas de los letrados. Tras este proceso, que ayer supuso más de tres horas de intenso trabajo en el Palacio de Justicia de Almería, en audiencia pública, el jurado fue llamado a sala para recibir las últimas instrucciones de la presidenta del tribunal antes de comenzar su deliberación en completo aislamiento.

La magistrada Dodero, pidió a los nueve componentes del jurado popular -siete mujeres y dos hombres- que actúen «con total responsabilidad», ejerciendo sus votos «sin odio, ni afecto, dejando fuera todo tipo de sentimientos». «Son juzgadores de hecho, para los temas jurídicos estoy yo», remarcó la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, que desde el pasado lunes, día 9, se encarga de juzgar a la dominicana de 45 años, en prisión desde que fue detenida con el cuerpo del niño en el maletero de su coche.

Durante casi media hora, los nueve jurados atendieron a las explicaciones de la presidenta sobre cómo abordar la votación de los hechos descritos en los 22 folios del objeto del veredicto, presentados como favorables o desfavorables y acerca de los que deberán considerar si han sido probados por el más de medio centenar de declarantes que se han sentado en el estrado durante la última semana. En caso de tratarse de un hecho desfavorable para la procesada, se deben obtener siete de los nueve votos posibles, al menos, para considerarlo probado mientras que son necesarios cinco votos para dar por corroborados los hechos favorables.

El objeto del veredicto está dividido en cinco bloques principales, relativos a los cinco delitos de los que se acusa a Quezada. Dichos epígrafes, a su vez, presentan subcategorías en las que se reflejan los hechos relacionados con los actos delictivos de acuerdo a los relatos que fiscalía, acusación particular y defensa han tratado de probar con las pruebas presentadas durante la vista oral.

En concreto, desglosa la magistrada responsable de firmar el texto, la acusación por un delito de asesinato u homicidio, en sus distintos grados, con las agravantes y atenuantes modificativas de la posible pena que se imponga a la acusada. En este caso, se enfrenta Quezada a un mínimo de tres años de prisión, si el jurado dictamina que se trató de un homicidio involuntario como trató de defender su representante legal, Esteban Hernández Thiel, y un máximo de prisión permanente revisable, si se considera la muerte del niño como un asesinato con alevosía, como refleja la calificación de la fiscal, Elena Fernández, así como la elevada por el letrado de la acusación particular, Francisco Torres, quien también sostiene que hubo ensañamiento por parte de la dominicana en el crimen. Las cuatro acusaciones restantes sobre las que tiene que decidir el jurado tienen a los padres de Gabriel Cruz como víctimas. Ángel Cruz y Patricia Ramírez, según la Fiscalía, sufren las consecuencias de sendos delitos de lesiones psíquicas mientras que, para la acusación, además, Quezada es responsable de delitos contra la integridad moral de ambos progenitores. Por estos delitos, la procesada podría sumar hasta diez años más a la pena que la magistrada imponga por la muerte del menor en base al veredicto del jurado.

La deliberación comenzó durante la tarde de ayer, tras el almuerzo que los jurados tomaron ya desde su aislamiento. Antes de sentarse a deliberar, Alejandra Dodero trató de explicitar a los miembros del tribunal popular que preside ciertas claves sobre el modo en que deben abordar su deliberación, que deben realizar «de forma libre independiente» aunque «pueden contrastar opiniones» acerca de las pruebas presentadas durante el acto de juicio, las que deben tener en cuenta para emitir sus votos, finalmente, y que pueden solicitar de nuevo si lo consideran necesario.

Aportó, además, la magistrada ciertos apuntes para aclarar las posibles «discrepancias» que pudieran surgir durante la deliberación ante la presentación de pruebas contrapuestas sobre ciertas evidencias. Tal es el caso de declaraciones claves como son las de los peritos forenses y médicos, que vieron circunstancias distintas en torno a la muerte del niño y cuyas conclusiones podrían ser determinantes para corroborar si hubo o no ensañamiento, como apunta la acusación particular. Acerca de estas periciales, en concreto, explicó Dodero que el análisis de los peritos médicos se basó en la autopsia efectuada por los mismos forenses y el especialista en Anatomía Patológica que declararon ante el tribunal.