IU pide en Europa medidas para evitar nuevos casos como la muerte en 'Tierras de Oria'
Eurodiputados de la formación de izquierdas piden a la Comisión Europea «un protocolo riguroso» para evitar nuevos casos similares
A punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte del joven de 18 años Ilias T. en el Centro de Menores 'Tierras de Oria', ... ubicado en el municipio almeriense de Oria, el 1 de julio de 2019, y recurrido el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial de Almería, el caso vuelve a Bruselas. Los eurodiputados de Izquierda Unida (IU) Sira Rego y Manu Pineda han solicitado a la Comisión Europea (CE) que elabore, en colaboración con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), «un protocolo riguroso» para evitar que se produzcan nuevos casos similares.
La publicación del vídeo sobre lo ocurrido en el centro aquel primero de julio por parte de un medio de comunicación nacional -viral en redes sociales durante esta semana- ha llevado a los eurodiputados de IU a remitir una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y al director de la mencionada agencia europea de Derechos Fundamentales, Michael O'Flaherty.
En su misiva, Rego y Pineda repasan la circunstancias de la muerte del joven e, incluso, comparan las maniobras de inmovilización empleadas en Oria con las utilizadas por el agente policial estadounidense acusado del homicidio que ha desencadenado innumerables protestas antirracistas en EE UU, pero también en otras ciudades del mundo: «Se puede contemplar (en el vídeo) cómo uno de los agentes de seguridad del centro coloca su rodilla y le oprime cerca de la cabeza en una postura que recuerda macabramente al homicidio de George Floyd», refieren los europarlamentarios al respecto.
No hay normas comunes en la UE
En septiembre del año pasado, Sira Rago elevó una pregunta a la CE acerca de este caso concreto. , En su respuesta, aluden desde IU, el comisario Didier Reynders «eludía el papel de la Comisión» al considerar que -cita- «las condiciones de detención son fundamentalmente responsabilidad de los Estados miembros, que acordaron respetar las normas vigentes del Consejo de Europa en la Página 2 de 3 materia, tales como las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006», y recordaba que «no se han establecido normas de la UE en lo que concierne a la detención de menores».
«Estas prácticas, a todas luces incompatibles con los artículos 3 y 4 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales sobre el respeto a la integridad y la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, hacen evidente la necesidad de actuación por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA)», señalan los eurodiputados de la formación de izquerdas, que piden a su director, Michael O'Flaherty, «la elaboración de un estudio para dilucidar hasta qué punto se dan estas prácticas en otros Estados miembros y proponer recomendaciones para su erradicación urgente».
Rego y Pineda relatan otros casos de denuncias y abusos en centros similares en varios países de la UE e instan al comisario de Justicia a aplicar «una serie de recomendaciones concretas que acaben reflejadas en una legislación europea garantista» que impida que hechos como este vuelvan a repetirse.
Insisten desde IU que el centro de Almería está gestionado por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Gisno), responsable de otros cuatro recintos de las mismas características «que acumulan denuncias, incidentes y en los que se han producido más muertes».
En 2012, la Junta de Andalucía abrió expediente a 'Tierras de Oria' después de que un joven denunciase una agresión por parte de su coordinador, remarcan los europarlamentarios en su carta. Un año antes, el Defensor del Pueblo reflejó en un informe estas malas prácticas tras recibir hasta cinco expedientes de queja por algunos castigos aplicados por los responsables de vigilar a los menores.
En 2015 la Fiscalía actuó de oficio tras la publicación de un vídeo en el que se podía ver a dos menores atados a sus camas y que motivó una investigación por la que, coincidiendo con la declaración del estado de alarma en España por la Covid-19, estaba previsto el inicio de un juicio en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería. Cuatro acusados -entre ellos un exinterno y trabajadores del centro- se enfrentan a penas de entre tres años y medio y cuatro años y ocho meses cárcel por grabar y difundir imágenes sin consentimiento de los menores de edad que aparecen en ellas.
Consulta la carta remitida por IU a la Comisión Europea: