La falta de un criterio unificado hace que en Almería salga más 'caro' patronear pateras

Nada más pisar suelo español, si son identificados –mediante testimonios o imágenes de los ocupantes de las embarcaciones, generalmente– y arrestados, entran en prisión. Y, entre rejas, esperan el juicio que determinará su culpabilidad y la pena impuesta por colaborar con las mafias dedicadas a introducir ciudadanos extranjeros de manera ilegal en el país a cambio de miles de euros.

El proceso se repite una y otra vez. En los últimos años, rara es la semana en la que no se celebra en la Audiencia Provincial de Almería, al menos, una vista oral contra una persona –siempre varón y, prácticamente siempre, extranjero– acusada de patronear una embarcación destinada a esquivar los controles fronterizos entre las orillas de Europa y África. Una situación muy parecida se da en los órganos homólogos de las provincias españolas que más extranjeros ven arribar en sus costas.

Si embargo, las condenas de las audiencias parecen no asemejarse tanto a pesar de que, a priori, todas se basan en las mismas líneas del Código Penal. Así lo está tratando de demostrar un abogado canario, Daniel Arencibia, que lleva meses inmerso en un descomunal estudio en torno a las sentencias públicas y publicadas contra acusados de dirigir pateras y cayucos.

«Nos encontramos con mucha gente en prisión que era de Mali, unos decían que eran menores y que no sabían porqué estaban en la cárcel», explica el letrado colaborador de la Pastoral de Migraciones de Canarias sobre qué le llevó a adentrarse en una investigación que parece no tener fin, remarcando que las personas de origen maliense deben poder acogerse al derecho de asilo dadas las circunstancias de aquel país.

«Hablando con otras pastorales, nos dimos cuenta de que el impacto (para un acusado de patronear una patera) en Baleares era de seis meses y en Canarias, de tres años», descubrió poco después consultando algunos fallos judiciales firmados en ambos archipiélagos.

Llegado este punto, decidió profundizar e indagar en todas las sentencias de la Audiencia canaria disponibles en el Centro de Documentación Judicial (Cndoj) del Consejo General del Poder Judicial desde enero de 2022. A continuación, prosiguió con Baleares. Y, finalmente, acabó analizando los órganos judiciales de los territorios 'diana' de la migración marítima: Tenerife, Las Palmas, Baleares, Almería, Ceuta y Murcia.

Un laborioso encaje de bolillos destinado, explica a este diario, a poner negro sobre blanco el funcionamiento real de la Justicia a la hora de juzgar a los responsables de los viajes que cuestan miles de vidas en aguas españolas cada año. Arencibia, en pleno proceso de análisis, empieza a tener claro que algo no se está haciendo bien. «La Fiscalía dice que el 90% de los casos acaban en condena, pero es que el 76% es por conformidad», reflexiona sobre una circunstancias observadas que, a su juicio, «dejan muy mal» al Ministerio Fiscal.

IDEAL ALMERÍA ha accedido al documento que elabora el abogado canario. En lo que toca a la provincia almeriense, entre enero de 2022 y septiembre de 2023 –última fecha de la que hay, de momento, publicaciones en el Cndoj– constan 101 acusados por 69 pateras en las que viajaban 973 personas (unas 14 por embarcación). Esto supone entre uno y dos señalamientos a la semana en la Audiencia Provincial de Almería. Recoge el documento de Arencibia (con el que cada vez contribuyen más voluntarios) incluso el nombre de los magistrados ponentes.

Entre las conclusiones sobre las que más hincapié hace el letrado está el volumen de conformidades y la duración de la pena impuesta así como el periodo en prisión preventiva, esto es, el tiempo de espera entre rejas hasta el momento del juicio. Almería destaca en los dos últimos, no así en los acuerdos con Fiscalía, que por ejemplo en la vecina Murcia rozan la totalidad (98%). Las conformidades en la AudienciaProvincial de Almería se quedan en el 36%, la tasa más baja de todas las analizadas y menos de la mitad de la media observada en su conjunto.

Al mismo tiempo, Almería es el territorio donde los tribunales imponen algunas de las penas privativas de libertad más elevadas. En la Región murciana ocurre lo opuesto, las penas rondan los dos años, lo que acaba permitiendo salir a estas personas de prisión con cierta celeridad en comparación con otras de las provincias incluidas en el estudio.

Precisamente, estos 'acuerdos' con Fiscalía pueden ser en ocasiones un arma de doble filo, según defiende el abogado especialista en migraciones. Explica, a este respecto, que se pueden producir casos en los que los acusados, extranjeros y con poco o nulo dominio del idioma, acepten su culpabilidad a cambio de cumplir menos pena de prisión.

Propia migración

Una de las claves, en estos casos, para Daniel Arencibia está en el subtipo 318 bis 6 del Cógigo Penal. La Fiscalía General del Estado, apunta, permite aplicar un atenuante en caso de que el acusado fuera también buscando su propia migración, es decir, que asume la responsabilidad del viaje a cambio de una plaza en la embarcación. De darse esta opción, siempre sin tener en cuenta otros delitos relacionados –como el homicidio cuando se producen muertes durante el trayecto– habría que reducir en un grado la pena interesada por la Fiscalía para estas personas, lo que directamente rebaja los años de condena solicitada por el Ministerio Público.

Volviendo a los datos recopilados sobre Almería, las penas que interesan los fiscales dependiendo de si se aplica o no el mencionado subtipo varían sustancialmente. La más habitual cuando se reconoce que el acusado es también migrante, es de dos años (siete ocasiones registradas) si bien hay casos en los que se pide para estas personas siete años de cárcel. Por su parte, en las sentencias donde no se aplica este subtipo, la petición inicial del Ministerio Público es de siete años. También se aprecian en este punto excepcionales condenas a menos de un año de cárcel firmadas en Almería como en todos los territorios analizados.

Así las cosas, establecer una media resulta difícil. Ser detenido y juzgado por patronear una patera en Almería puede 'costar' de dos meses a más de 7 años de cárcel, situándose en el periodo analizado la media en algo menos de tres años.