Denuncian el aumento de las agresiones a guardias civiles en Almería durante el verano

Desde AUGC aseguran que las recientes sentencias demuestran «lo barato que sale agredir a un guardia civil». En los últimos diez días, cuatro agentes han necesitado asistencia legal tras sufrir agresiones en acto de servicio, resultando con heridas de consideración, además de daños materiales. Las indemnizaciones impuestas a los agresores superan los 3.000 euros en total, aunque la asociación advierte de que es frecuente que los condenados se declaren insolventes, lo que obliga a los agentes a iniciar largos procedimientos administrativos para poder cobrar.

En todos los casos, los guardias civiles agredidos eran afiliados a la AUGC y fueron representados por la letrada Marta Ortiz López, quien ejerció la acusación particular. Los acusados han sido condenados a penas que, en opinión de la asociación, no responden a la gravedad de los hechos, como es el caso de una reciente condena a tan solo cuatro meses de prisión.

AUGC subraya que este tipo de resoluciones judiciales refuerzan la sensación de impunidad entre quienes agreden a los agentes de la autoridad. Por ello, exigen una reforma urgente del Código Penal que permita endurecer las penas por este tipo de delitos, además del reconocimiento oficial de la Guardia Civil como una profesión de riesgo.

La asociación también pone el foco en la falta de medios de protección con los que cuentan los agentes en situaciones de elevada peligrosidad. Consideran necesario que se les dote de dispositivos como pistolas táser o cámaras corporales, herramientas que, según afirman, podrían reducir tanto el número como la gravedad de las agresiones, al mismo tiempo que aumentarían la seguridad de los ciudadanos.

A juicio de AUGC, la situación actual es consecuencia, en parte, de la obsolescencia del marco normativo. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en vigor desde hace 39 años, no responde a las necesidades del contexto actual, marcado por nuevos desafíos en materia de seguridad y una creciente pérdida del principio de autoridad.

La asociación concluye su denuncia con una reflexión: «¿Quién defiende a los que nos defienden?», apelando así a la responsabilidad de los legisladores para proteger a quienes velan por la seguridad pública.

AUGC, la asociación profesional mayoritaria dentro de la Guardia Civil, cuenta con presencia en todo el territorio nacional y en todas las especialidades del cuerpo. Desde su fundación como sindicato clandestino durante la Transición, ha encabezado el movimiento asociativo dentro de la institución, y en 2010 fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) por su labor en favor de la democratización del cuerpo.