Critican que un juez que votó a favor del Algarrobico trabaje para el Ayuntamiento de Carboneras

En un comunicado, Salvemos Mojácar señala que es un «escándalo de primer orden» dado que, en la actualidad, el Ayuntamiento carbonero «no cumple ni una sola de las múltiples sentencias» y «sigue clasificando los terrenos como urbanizables», además de no incoar expediente para declarar nula la licencia de obras.

Mientras, según reprocha, el TSJA «no le obliga a cumplir las sentencias y se limita a amenazar al alcalde con imponerle multas», pero «sin acabar de imponérselas».

Salvemos Mojácar detalla que el Ayuntamiento ha contratado para «defender» el hotel de Azata a un abogado exmagistrado del TSJA que trabaja para un conocido despacho de abogados «al que se ha abonado la cantidad de 35.089,98 euros en dos contratos».

«El magistrado en excedencia dirige sus escritos en defensa del consistorio a la misma Sala y Sección de la que formó parte y en concreto a una antigua compañera, una magistrada que actúa de ponente y con quien dictó sentencia en 2014 afirmando que el Algarrobico era urbanizable», reprocha.

Al hilo de esto, el colectivo conservacionista indica que el pasado mes de diciembre el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, afirmó que, si «se pedía la ejecución forzosa de las sentencias del hotel en El Algarrobico, adoptaría medidas añadidas».

«Hace varios meses que se ha pedido la ejecución forzosa y el presidente del TSJA no ha adoptado ninguna medida, ni se espera que lo haga», subraya.

Salvemos Mojácar se refiere en su comunicado a una sentencia de 2014 en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo que inició la promotora en 2008 al recurrir el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

«Después de seis años de tramitación del expediente en la Sección Primera, de forma repentina, el 24 de febrero de 2014, la Sección Tercera dictó una providencia trasladando la causa de la Sección Primera a la Tercera sin que esa sección fuese competente para tratar ese tipo de temas», relata para añadir que «los nuevos jueces señalaron para votación y fallo el 27 de febrero de 2014, tres días después, sin tiempo material para estudiar un asunto tan complejo y sin que las partes personadas tuviesen tiempo de recurrir el inesperado cambio de sección».

Subraya el colectivo que recurrieron «inútilmente cuando ya se había dictado sentencia diciendo que los terrenos del Algarrobico eran urbanizables» y asegura que el juez «nada más firmar, pidió la excedencia y fue contratado por un conocido despacho de abogados».

La sentencia que firma junto a la magistrada que en la actualidad resuelve sobre la ejecución del fallo que obliga al ayuntamiento a desclasificar el suelo del Algarrobico fue recurrida por los ecologistas al Tribunal Supremo (TS), que «la anuló y recriminó al TSJA el súbito cambio de sección».

«La acelerada tramitación de la causa declarando urbanizable El Algarrobico coincidió con la ralentización de otra sobre la licencia de obras del hotel», concluye Salvemos Mojácar, que alude a la querella que presentó en 2014 contra estos magistrados «por presunta prevaricación» y que «no fue admitida a trámite».