Condenado a siete años de cárcel por violar a una joven con discapacidad que quedó embarazada

El Alto Tribunal rechaza el recurso de casación impulsado por la defensa y confirma el pronunciamiento del TSJA, que ya admitió parcialmente un recurso de apelación y rebajó 18 meses la pena inicial impuesta por la Audiencia de Almería al considerar que el acusado hizo un «importante esfuerzo» para «abonar en una parte significativa» de la «elevada» indemnización y, por tanto, concurrió atenuante de reparación de daño.

En su resolución, consultada por Europa Press, el tribunal incide en que la presunción de inocencia del acusado ya quedó desvirtuada a raíz de las declaraciones y pruebas efectuadas durante el juicio y en revisión de la sentencia en apelación, sentido en el que rechaza evaluar de nuevo la versión del condenado, quien aseguró que medio «consentimiento» en las relaciones que salieron a la luz cuando se detectó el embarazo.

El Supremo apunta que el acusado no señala ningún tipo de defecto en el pronunciamiento judicial de origen que altere los hechos más allá de reiterar su «valoración subjetiva» en torno a que la enfermedad de la víctima no le privaba de dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

«Existe prueba bastante para el dictado de la condena, no solo en cuanto a la versión que da la víctima, sino por las pruebas concurrentes que ha expuesto el TSJ y que permiten la confirmación de la sentencia, pese al relato distinto que efectúa el recurrente», insiste el tribunal, para el que los documentos aportados tampoco sirven para contradecir las pruebas.

Con ello, determina que, en base a los hechos, la víctima no podía «prestar un consentimiento libre ante la situación mental que tiene, circunstancia que era conocida por el recurrente», el cual actuó bajo ese conocimiento para poder abusar sexualmente de ella.

El fallo de origen ya recalcaba que el condenado conocía «perfectamente» la situación de la joven, ya que era él quien la trasladaba al hospital cuando necesitaba asistente. La mujer tiene reconocido un grado de discapacidad del 80 por ciento debido a un retraso psicomotor «severo», parálisis cerebral, hipoacusia y alteración de la agudeza visual.

Remarca que la «entidad de la discapacidad» que sufre la joven «tanto a nivel físico como psicológico» afecta a la «emisión del consentimiento de forma importante» por su parte, lo que provoca que no lo pueda hacer «de forma libre y voluntaria en situaciones de estrés».

Conocido de la familia

Los hechos probados relatan que el condenado, quien era conocido de la familia, se personó en el domicilio de ella «aprovechando que sus padres se habían ausentado para ir a misa» y «consiguió que le dejara entrar con el pretexto de entregarle un regalo», en concreto, un bote de colonia.

Una vez dentro, con «ánimo libidinoso», sin que ella «prestara su consentimiento en ningún momento» y «aprovechando su particular situación», la empezó a «besar y a tocar» para, después, llevarla al dormitorio, quitarle la ropa y consumar el ataque sexual.

Después, según el fallo, le dijo que no contase a sus padres lo ocurrido y se marchó. La víctima guardó silencio hasta que, tras desplazarse al médico por las «molestias que sentía», tuvo conocimiento de que estaba embarazada. «Le contó entonces a su madre lo ocurrido al no poder soportar la situación en la que estaba sumida», destaca para concluir que se sometió a una interrupción voluntaria del embarazo.

Al margen de la pena de prisión de siete años y un día, el hombre fue condenado a medida de libertad vigilada por periodo de siete años, y prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la joven o comunicarse con ella por un periodo de 15 años.

La pena inicial de ocho años y medio de cárcel fue atenuada pro el TSJA al señalar que, si bien la suma que ha satisfecho el condenado, de 55 años, «solo cubre el 37,5% de la indemnización que se estableció en sentencia» en 45.000 euros, «en términos absolutos resulta significativa».

Valoraba que el condenado «debió realizar un esfuerzo importante para conseguir dicha suma» ya que «no tiene trabajo en España» y tuvo que desplazarse a Francia «para trabajar con documentación de su hermano en la recolección de fruta».

«El importante esfuerzo que hizo el acusado para abonar en una parte significativa la elevada indemnización que se solicitaba y que finalmente se acordó, unido a sus circunstancias personales, le hacen merecedor del beneficio que propone su defensa», aseguraba el tribunal de apelación.