Almería contabiliza 46 agresiones a guardias civiles en 2024, la mayor cifra de toda España

Esta cifra supone una media de casi un caso a la semana de agresiones a los agentes y, para Jucil, convierte a la provincia «en el territorio más conflictivo» de toda España ya que la violencia ha ido escalando en los últimos años y, si bien se trata de una cifra que sólo corresponde a la entidad, es la más alta con respecto a otras ciudades. Rafael Maldonado, secretario provincial de Jucil, apunta que «cada vez hay más personas que nos desafían, es una injusticia que no nos reconozcan la profesión de riesgo». Una denominación que llevan reclamando cada vez que un incidente de este calibre ocurre en la provincia, y que sonó, con especial relevancia, tras el fallecimiento de dos agentes en Barbate.

«Llevamos años reclamando sin respuesta por parte del Gobierno», acusa. En esta línea, Maldonado advierte que «tres de cada cuatro agresiones son realizadas por inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular en la provincia». Así, en el último año, en Almería la tasa de criminalidad ha crecido un 2,5% según la estadística del Ministerio del Interior, con especial hincapié en los robos con violencia y homicidios», reconocen. Una delincuencia que, en la provincia, se ha convertido en «estructural y se extiende a ámbitos como las ocupaciones de viviendas, robos, hurtos, peleas entre bandas en las 200 Viviendas de Roquetas de Mar, así como el incremento de plantaciones 'indoor' de marihuana».

Por otra parte, la entidad que defiende los intereses de la Guardia Civil reflexiona, además, con la estadística nacional que desvela cómo las agresiones han crecido, por su parte, un 18% en 2024 con 1.404 casos. Esto es, la cifra más alta que han registrado en el último lustro. En 2022 se obtuvieron 1.193 y en 2021, 1.051 agresiones. No obstante, los atentados con armas han descendido un 24%, con 36 casos en España en el último ejercicio. «En dos años la cifra de agresiones ha aumentado un 34%, lo que refleja la creciente falta de respeto y deterioro del principio de autoridad de los cuerpos policiales del Estado», subrayan desde la entidad.

Pese a no tener cifras exactas por parte del Ministerio del Interior sobre las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde esta redacción se han analizado las infracciones –graves y leves– a la Ley Orgánica por hechos relacionados con la Seguridad Ciudadana (LOPSC), conocida como 'Ley Mordaza'. Según los datos de 2023, últimos datos que recoge el Ministerio del Interior, se han notificado 799 sanciones de carácter grave por la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Para estas multas el Estado ha recaudado 535.915 euros, es decir, unos 670 euros de media por persona. En cuanto a las infracciones leves, los agentes hangenerado 829 sanciones con una recaudación estatal de 139.354 euros.

Fue en 2020 cuandose pusieron 5.307 denuncias por infracciones graves, la cifra más alta en la última década; en 2021, fueron 1.201 infracciones leves las que se cometieron en la provincia, la más alta.

Piden medios materiales y de prevención para los agentes

Ante el aumento de casos de agresiones a los agentes en la geografía almeriense, la asociación Jucil ha reclamado que se implementen «medidas materiales y de prevención adecuadas que permitan a los guardias civiles desempeñar sus funciones con la seguridad que merecen». En esta línea, solicitan al Gobierno central que «actúe de inmediato para proporcionar recursos y herramientas que minimicen los riesgos a los que están expuestos los agentes».

En los últimos meses, por ejemplo, los agentes de Roquetas de Mar se enfrentaron a un vehículo que se dio a la fuga y que, tras una persecución de película, atacó al vehículo policial para evitar ser detenida.

Otra de las agresiones se realizó en El Ejido, cuando unos presuntos ladrones de un invernadero salieron en una furgoneta al ser pillados in fraganti por los guardias civiles, «trataron de sacar de la vía al coche patrulla embistiéndolo varias veces» y que concluyó en el Pabellón de Deportes al salirse la furgoneta de la carretera. Los tres ocupantes huyeron y los agentes de la Guardia Civil continuaron a pie donde interceptaron a un individuo «que no dudó en emplear la fuerza para resistirse», explicaron entonces.

Por ello, consideran imprescindible que se haga una dotación de «defensas extensibles», una por cada agente, que se clasificaría en pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla; cámaras unipersonales; chalecos antibalas individuales que, «actualmente se comparten y se utilizan tallas que no son compatibles»; así como «chalecos antibalas y trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo». También han pedido «fundas de pistola antihurto y vehículos modernizados».

Por ello, solicita «protocolos de custodia de detenidos» y para evitar los desplazamientos en solitario «de un único efectivo para formar patrulla».