El PP acusa a Díaz de «vandalismo institucional» y conmina al PSOE a cumplir la sentencia del TC

Ayer, la número dos de los populares andaluces, Loles López Gabarro, puso sobre los hombros de Díaz la responsabilidad de aplicar esta sentencia del Tribunal Constitucional -cuya aplicación corresponde, inicialmente, al presidente del Parlamento autonómico, el socialista Juan Pablo Durán- y la acusó de practicar «vandalismo institucional» con el objetivo de «vetar» la voz de los populares y sus votantes con la connivencia del propio Durán, «un amigo aliado».

López Gabarro aseveró que con el dictamen del Tribunal Constitucional conocido la semana pasada, que anula la composición de la Mesa del Parlamento porque considera que se vulneraron los derechos de representación de la popular Del Pozo, el máximo órgano de interpretación de la Constitución «le ha tirado a los pies» a Díaz «su soberbia y altanería». Y reivindicó la inmediata aplicación de la sentencia, «que tendrá que cumplir más pronto que tarde».

La principal repercusión de la sentencia reside en que el PSOE perderá capacidad de gobierno en los asuntos que trate la Cámara autonómica. Hasta el momento, la Mesa del Parlamento -que cuenta con siete miembros- tenía tres representantes del PSOE y uno por cada uno del resto de partidos. A los socialistas les valía con un único apoyo para contar con mayoría absoluta y, por lo tanto, determinar los debates parlamentarios. Sin embargo la sentencia tiene una difícil aplicación porque el artículo 35 del reglamento del Parlamento de Andalucía obliga a que todos los partidos con escaño estén representados en la Mesa. Y con la nominación de los miembros por votación, IU quedaría fuera de este órgano decisorio.

Una posibilidad pasaría por ampliar el número de miembros de la mesa a ocho para dar cabida a Izquierda Unida. Eso, sin embargo, debilitaría la posición de los socialistas que requerirían del voto positivo de al menos dos partidos (salvo que el acuerdo sea con el PP) para sacar adelante sus posiciones.

Durante estos días se han lanzado otras propuestas, como la de Ciudadanos que pasaría por conformar una Mesa del Parlamento con un miembro por formación política cuyo voto sería ponderado en función del número de escaños, una posibilidad para la que se requeriría modificar el reglamento de la Cámara; igual que para incluir la posibilidad del voto de calidad del presidente del Parlamento, otra de las posibles soluciones surgidas en estos días.

No obstante, y sea cual sea la solución por la que se acabe optando, el mero hecho de haber pospuesto la aplicación de la sentencia a su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado ha servido al PP para arremeter con toda dureza contra una presidenta de la Junta de Andalucía con una agenda pública cada vez más nacional. El viernes, con un acto con militantes en Jaén junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que fue leído como un apoyo tácito a la potencial candidatura de Díaz a la Secretaría General del PSOE. Y ayer, en Málaga, durante la clausura de la reunión del Comité del Mediterráneo de la Internacional Socialista, cita de la que fue el mayor exponente político.

López Gabarro, que intervino en la inauguración de la Convención Municipal del Partido Popular de Andalucía en el Palacio de Congresos Cabo de Gata de Almería (un encuentro que cerrará hoy el presidente del PP-A, Juanma Moreno) echó en cara a Díaz lo que consideró una actitud «soberbia»: «Ella sube a Madrid y se la da de señora de Estado, pero aquí en Andalucía se ha saltado la Constitución a la torera», dijo ante unos 150 concejales, alcaldes y diputados provinciales. «Para Díaz, los andaluces son peones de ajedrez de Ferraz. Hoy hemos venido aquí a hablar de municipalismo, y mientras tanto Díaz habla en Madrid de su partido», arremetió la número dos del PP-A.

La secretaria general de los conservadores aseguró que Andalucía «tiene un problema», la presidenta Susana Díaz, y una «solución», la alternativa propuesta por Juanma Moreno, «que se ha hecho más kilómetros de pueblo en pueblo que Susana Díaz de moqueta en moqueta», ironizó. Y reclamó para su partido la bandera de la defensa de la autonomía local, la suficiencia financiera de los ayuntamientos y la defensa de la equidad en los servicios públicos municipales. «Los ayuntamientos han tenido un aliado, el Gobierno de España, y un enemigo, el Gobierno de Díaz», espetó López, quien le recriminó que no suba «a la tribuna del Parlamento» a «pedir perdón» por la situación de la sanidad pública andaluza o por «querer culpar» a la comunidad educativa, dijo, de los resultados del informe académico PISA.