El Defensor del Pueblo insta al Consistorio a ubicar radares fijos en la Vía Parque

La historia parte de una queja ciudadana en la que se pone en conocimiento de la Institución regional los «elevados» niveles de contaminación acústica en las viviendas cercanas al Parque Nicolás Salmerón debido al tráfico existente. En ambos sentidos de la marcha, en esta importante arteria que conecta a la capital con el Poniente almeriense, no es extraño -más bien todo lo contrario- que los conductores superen ampliamente la velocidad límite permitida, lo que sin duda hace que el índice de ruidos se incremente exponencialmente en la zona. Esto propició que se tramitara una primera queja por parte de la oficina de Maeztu, que llegó a solicitar información a un Ayuntamiento que remitió sendos informes de la Policía Local.

En el primero, fechado en octubre de 2014, la Concejalía reconocía que «son muchos los vehículos que no respetan el límite de velocidad establecido» y trasladaba que la solución podría estar en una actuación similar a la llevada a cabo en la travesía de La Cañada y el Alquián: instalar un radar fijo en cada sentido así como también paneles informativos de zona controlada.

Tales medidas pretendían tener un carácter disuasorio, según el área de Movilidad municipal, que adjuntaba asimismo otro informe de diciembre del mismo año en el que daba a conocer al Defensor que de momento se iban a poner en marcha medidas de control de velocidad a través de «radares móviles y la presencia de agentes de la Policía Local», expone la resolución.

Esto empujó a la oficina regional a archivar la queja, consciente de que el Ayuntamiento iba a tomar cartas en un asunto que siete meses después volvía a saltar a la palestra. Fue entonces cuando Maeztu de nuevo recibe un escrito de la interesada poniendo de manifiesto que las medidas implementadas «no habían dado resultado alguno y que el problema se mantenía en el mismo estado», se puede leer en la comunicación, en la que se destaca que el problema se cerró «sin la más mínima disminución del estruendoso ruido».

150 denuncias

Esto hizo que la Institución reincoase el expediente, para a continuación instar al Ayuntamiento a poner en marcha estas medidas disuasorias. La respuesta de la Concejalía fue en septiembre de 2015 que no había disponibilidad presupuestaria para la instalación de estos radares fijos, por lo que se adoptarían otras iniciativas. En un segundo informe se hacía ver a Maeztu que estaban en marcha otras actuaciones como controles específicos de velocidad, arrojando por ejemplo en 2015 «un total de 3.733 vehículos controlados y con un total de 150 denuncias impuestas por exceso de velocidad», explicaban..

Pese a estas acciones «puntuales y esporádicas», según Maeztu, lo que estaba claro es que el problema persiste, por lo que se hacía evidente la necesidad de implementar medidas de control «permanentes». «A fin no sólo de denunciar a aquellos conductores que excedan de los límites de velocidad, sino también de disuadir y de concienciar, poco a poco, del cumplimiento de la normativa de tráfico y de la obligación de reducir los niveles de contaminación acústica provocados por el tráfico», expone el Defensor del Pueblo Andaluz en el texto.

Es por eso que en una nueva resolución recuerda al Consistorio las obligaciones contraídas y su competencia. Así, le recomienda, además de la instalación de los radares fijos, también la realización de un ensayo acústico para conocer con la máxima exactitud los niveles de ruido actuales. Para finalizar, Maeztu insta en caso de que la instalación de estos radares no sea posible ahora, que se «adopten cualesquiera otras medidas», pero que estas sean «permanentes» para reducir el nivel de ruido, concluye.