La 'troika' en AgrupaEjido

Coincidiendo con el extendido rumor circulante en ámbitos generalmente bien informados de Almería, a los pocos días, una filtración a la prensa local presumiblemente lanzada desde instancias financieras abría públicamente la brecha de un viejo conflicto que a muchos, en esos días, les hizo ver, salvando las distancias, cierto paralelismo con la crisis griega. La troika contra AgrupaEjido y su propietario, Cecilio Guillén, al que algunos llegaron incluso a identificar como el Tsipras de la situación creada.

AgrupaEjido no es una empresa cualquiera. El número de trabajadores del grupo, cerca de tres mil entre directos e indirectos, su millonaria facturación anual y los miles de agricultores dependientes de la más importante comercializadora de productos hortofrutícolas almerienses, la convierten en una especie de talón de Aquiles del PIB de la economía provincial.

Fue el día de San Fermín cuando las tensiones internas entre el conse

jo de administración y el pool bancario liderado por Cajamar saltaron a la luz pública. Horas antes, el presidente Guillén y su consejero delegado, Francisco Juárez, habían tomado internamente la iniciativa procediendo al despido fulminante de los directores general y financiero, colocados en 2010 por la banca tras la firma de un préstamo sindicado por valor de más de cien millones de euros.

Fue precisamente esa decisión, la de retomar el control de la empresa por parte de Guillén, la que hizo saltar públicamente a la banca que, oficiosamente, anunciaba la inminente entrada en concurso voluntario de acreedores de la entidad que, desde hacía un mes, se hallaba en preconcurso.

Rotas las discretas -aunque tensas- negociaciones en los despachos de las últimas semanas, se abrió una batalla pública en forma de comunicados de prensa, algunos convertidos en verdaderos obuses lanzados por David contra Goliat. Así, el mismo día que fuentes del pool bancario filtraban la delicada situación en la que entraba el grupo Guillén, este lanzaba un duro comunicado en el que denunciaba dos cuestiones relevantes. La primera, que los gestores puestos por la banca habían «trabajado exclusivamente en beneficio del pool bancario, mejorando sus garantías, anticipando cobros millonarios en perjuicio de la tesorería de la entidad y facilitando gastos de comisiones en operaciones bancarias innecesarias para la empresa». Y la segunda, que AgrupaEjido había despedido al director general e iniciaba contra él «acciones penales por estafa y administración desleal».

Horas después era Cajamar, líder del grupo de bancos acreedores, la que respondía culpando a Cecilio Guillén de rechazar el plan de reestructuración de la deuda de más de 70 millones, que «la conduce a una más que probable liquidación». De haber aceptado Guillén, aseguraban en Cajamar, la empresa podría haber pagado a sus trabajadores y a sus agricultores y haber continuado desarrollando su actividad en la próxima campaña. La Rural almeriense, finalmente, decía que, tras la negativa de Guillén, los bancos no podían hacer nada más y que, junto a los trabajadores, agricultores y demás proveedores, se convertían «en otros afectados por la deuda de esta empresa comercializadora».

Llamada a la responsabilidad

Guillén, que entendió estas declaraciones como una nueva agresión/presión inaceptables, intentando colocarle frente a trabajadores y agricultores, emitió un nuevo comunicado en el que, tras acusar a Cajamar de adoptar «represalias», hacía un llamamiento a «su responsabilidad y al sentido común», solicitando la reapertura de las líneas de crédito -cerradas previamente- y apelando, una vez más, a dirimir las diferencias ante los tribunales de Justicia.

Mientras Almería entera asistía al inicio de esta insólita batalla a la griega, un espeso manto de silencio se tendió oficialmente sobre el conflicto en las horas posteriores. Ni sindicatos, ni patronal, ni los partidos políticos, ni siquiera la Junta de Andalucía abrieron públicamente la boca para opinar, seguramente, conocedores de los efectos devastadores graves que esta guerra abierta podría tener a corto plazo en el tejido productivo y laboral almeriense.

En medio de la calma tensa, de pronto cesaron las hostilidades mediante comunicados y declaraciones, mientras que un prestigioso despacho de abogados de Granada había comenzado ya a trabajar en la redacción de una querella contra los ejecutivos de la banca en AgrupaEjido, denuncia que, en el fondo, nadie deseaba.

Fue entonces cuando, el jueves pasado, Cecilio Guillén recibe un mensaje desde Cajamar. Quieren negociar, volver a la discreción de los despachos, buscar soluciones y, sobre todo, la viabilidad de la empresa. Pero sin publicidad.

¿Qué había pasado? Todo apunta a la intervención de altas instancias gubernamentales de la Junta de Andalucía. Fuentes conocedoras del asunto relatan que el mensaje trasladado desde el Gobierno de Susana Díaz era muy claro: «Dos instituciones como Cajamar y AgrupaEjido no pueden seguir en esa dinámica belicosa y autodestructiva por el bien de la economía almeriense y, sobre todo, por los miles de trabajadores afectados».

En este contexto, es muy posible que se retomen las negociaciones la próxima semana de forma discreta y que se intente alcanzar un acuerdo satisfactorio que garantice la viabilidad de la empresa, así como mantener nuevamente en la dirección de la misma a su propietario mayoritario, Cecilio Guillén.