La juez levanta el secreto en la causa sobre cursos de formación

La magistrada María del Mar Moreno dictó el auto el jueves después de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) haya dado traslado al órgano del informe resultado de la investigación desarrollada en los últimos meses, según han informado fuentes judiciales.

Esta investigación explotó en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta de edil y se dio también de baja del partido.

Fuentes del caso han precisado que ahora las partes personadas en la causa solicitarán que se les dé copia de lo actuado hasta el momento de "forma inmediata" a la espera de que se fije un calendario de declaraciones en sede judicial por la presunta comisión de delitos de fraude en subvenciones, a la Seguridad Social, estafa y falsedad.

El Juzgado de Instrucción 4 de Almería ha prorrogado en hasta nueve ocasiones el secreto de sumario decretado el en junio de 2014 al abrir diligencias previas tras la denuncia formulada por la Fiscalía, que estimó que los hechos que resultaron de las indagaciones iniciales realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentaban características que hacían "presumir la posible existencia de infracción penal".

La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realizase "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería.

El Ministerio Público indicaba entonces que lo actuado hasta el momento daba cuenta de "irregularidades" que habrían sido "detectadas" en la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE".

Remarcaba que "en la mayoría" de los beneficiarios de las ayudas se producían "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación y señalaba, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".

Operaciones de la UDEF

La Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas en 2010 y 2011 con cargo a la partida 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Entre los investigados se encontraban personas vinculadas al Centro de Estudios Andarax y a Sicma Andalucía SL que se habrían hecho con ayudas por valor superior a los 1,88 millones de euros mediante dos convocatorias únicamente.

También se indagó sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a las sociedades Quintaeventos SL, Aplinfo SL y Profesional de Salvamento y Socorrismo SL, que en su conjunto se han beneficiado de 743.600 euros para impartir cursos, según recoge el BOJA.

La investigación apuntaba en una fase muy indiciaria a Ormar Informatic, Inmecamar, y Academia Infosol, propiedad del exconcejal Juan Fernando Ortega. Junto a él también fueron detenidos su exmujer, su hija y una profesora. Estas sociedades habrían conseguido gestionar en torno a 624.000 euros de fondos públicos.

Las pesquisas también llevaron a la detención del concejal de Movilidad y Seguridad de Vícar, José Luis Leseduarte (PSOE), quien se mantiene en el cargo. En su caso, la detención se produjo por su vinculación con el centro de formación 'Indalo', donde el concejal prestó servicios, y que obtuvo en enero de 2010 y 2011 resoluciones por parte del SAE por valor de 172.940 euros.

Otras empresas que se han visto afectadas por esta investigación han sido Abakan SL, Granaforma SL, Hostelería y Formación Indalo, e Indalo Formación y Empleo.

Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas de una persona vinculada a una empresa de Jaén.