El juzgado prorroga por tercera vez el secreto de sumario en el caso de los cursos de formación

Un auto dictado el pasado lunes indica que no han variado los motivos por los que cuales se decretó y que, por tanto, persisten las "especiales" circunstancias que "aconsejan" que las diligencias no sean conocidas por las partes, según han indicado fuentes judiciales. La medida se adoptó al considerar que su conocimiento "podría perjudicar la investigación en curso".

El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas el pasado 18 de junio tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial y estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentan características que hacen "presumir la posible existencia de infracción penal".

La Fiscalía de Almería remitió dos días antes denuncia para pedir que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más "depurada valoración jurídica", que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

En su denuncia, la Fiscalía solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realice "una investigación profunda y detallada de los hechos" en relación a la provincia de Almería, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

El Ministerio Público indica que en el testimonio de particulares remitido desde la Fiscalía de Málaga se incluye un informe de la UDEF "en el que se da cuenta de irregularidades detectadas" en la obtención de subvenciones "por parte de determinadas personas físicas y empresas" en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE".

Remarca que "en la mayoría" de los beneficiarios de las subvenciones se producen "graves incumplimientos de los requisitos" que la legislación sobre subvenciones establece al efecto y señala, "como más destacadas", el incumplimiento "generalizado del compromiso de contratación", la práctica de "caza de subvenciones" por parte de algunas empresas, la "falta de solvencia" y "experiencia" en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben "la ayuda pública".

La Fiscalía de Almería detalla en su denuncia, asimismo, que, en un segundo informe de la UDEF, "se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería" aunque matiza que "no se realiza una investigación profunda y detallada".

Sí hace mención a que en el citado informe se citan "varias" empresas en las que se "han detectado diversas irregularidades" y recoge cuatro en concreto: "Quintaeventos SL; Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL".

El Ministerio Público interesó, además de la incoación del procedimiento penal que el Decanato ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 y el oficio a la UDEF para que realice una "investigación profunda y detallada de los hechos", que se incorporase a la causa el testimonio de particulares de las diligencias de investigación penal de la Fiscalía de Málaga.

Segunda causa penal

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 6 también ha incoado unas segundas diligencias previas para investigar una denuncia particular que refiere presuntas irregularidades en relación a "unos" cursos de formación organizados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la capital.

La causa abierta a principios se septiembre pretende dirimir si los hechos que se relatan en la denuncia particular podrían ser constitutivos, sin perjuicio de una ulterior y mas depurada calificación, de presuntos delitos de prevaricación y de falsedad documental.

El Ministerio Público abrió en julio diligencias de investigación tras recibir la citada denuncia y resolvió enviarlas al Decanato de los Juzgados de Almería para solicitar la incoación de un procedimiento penal encaminado a la comprobación de los hechos denunciados y la averiguación de los responsables.

Interesó que se oficiase para la investigación de estos hechos a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y que se recibiese declaración en calidad de testigo a la persona denunciante, con ofrecimiento para personarse en la causa. La Fiscalía remitió, asimismo, al juzgado instructor todos los documentos que acompañaban la denuncia.