El fiscal quiere que declare Amat

«Esta acusación popular ha detectado una dejadez flagrante en cuanto a la instrucción de causas judicializadas en las que se encuentran involucrados, directamente, cargos públicos representativos o institucionales de nuestra provincia. Retrasos injustificados y permisivos que conducen, clara y premeditadamente, al entorpecimiento de las instrucciones arriesgando, con ello, y a sabiendas, las posibles prescripciones de algunos de los delitos, supuestamente, cometidos».

Incomprensibles retrasos

Así de contundente se expresa la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) en una denuncia presentada el pasado miércoles día 18 ante la Fiscalía Superior del TSJA en Granada. Dicha ONG, constituida en diciembre de 2012, ha protagonizado desde entonces una serie de iniciativas, como acción popular, conducidas a denunciar ante el Ministerio Público llamativos casos de presunta corrupción política y económica en la provincia de Almería, todos ellos judicializados tras ser analizados e investigados en primera instancia por la Fiscalía del alto tribunal andaluz.

En el escrito de referencia se centran fundamentalmente en la instrucción que se lleva a cabo en el Juzgado Nº 1 de Roquetas de Mar entorno a las Diligencias Previas 34/12, relacionadas con el denominado Caso La Fabriquilla y Trama Gabriel Amat, «donde se encuentra involucrado, directamente, y entre otros el Sr. Gabriel Amat, así, como una inmensa mayoría de familiares y personas allegadas, de clara y manifiesta amistad, socios y compañeros de corporación. Recientemente esta asociación, y al respecto de la supuesta trama familiar del Sr. Amat, ha presentado ante esa Fiscalía Superior una extensa denuncia de ampliación sobre los hechos que, ya fueron denunciados y judicializados».

La asociación recuerda una serie de sumarios que a su juicio también estarían sufriendo incompresibles retrasos y dilaciones no justificadas. El denominado Caso Facturas II en Diputación es uno de ellos. «Hace referencia al pago, por parte de ésta institución (aproximadamente involucrados unos 46 diputados provinciales y dos corporaciones gobernadas por PSOE y PP, teniendo en cuenta que algunos de ellos lo han sido en las dos corporaciones), de supuestas facturas falsas emitidas por medios de comunicación por importe superior al millón de euros»

También menciona el Caso Hispano Almería, «en el que, en principio, quedaría demostrada la posible financiación, irregular, del Partido Popular mediante el cobro en b, y con recibís emitidos por la empresa, a cambio de suculentos contratos de obras en municipios de la provincia, fundamentalmente, gobernados por el Partido Popular: ayuntamientos de Roquetas de Mar, de Níjar, etcétera, así como los pagos o prebendas, y bajo el mismo sistema, a técnicos de la administración pública local, funcionarios de esos ayuntamientos, del que cabe destacar, muy especialmente por sus considerables cantidades y número de técnicos sobornados, el propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar del que el Sr. Amat es su Alcalde Presidente desde hace más de 18 años. En todo éste contubernio y como no podía ser de otra forma, también, se encuentra involucrado algún que otro alcalde y parlamentario andaluz (como así lo dejó demostrado en su escrito de denuncia, esta parte, en la que lleva intentando personarse desde hace más de 90 días, en las actuaciones judicializadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería), del Partido Popular como lo es el alcalde de La Mojonera D. José Cara Fernández (que casualmente se encuentra casado con la Sra. concejal delegada de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y, a su vez, socio de los dueños de la empresa pagadora de esas cantidades en b, Hispano Almería, mediante otra llamada Gesponiente)». Entiende AMAyT que, relacionado con este mismo asunto de HALSA, hay que encuadrar el denominado Caso Auditorio de Roquetas, denunciado hace años por concejales roqueteros del PSOE, a los que acabó dando la razón el TSJA y que, tras solicitar la reapertura de sumario para investigación penal una vez sustanciados y declarados ilegales los aspectos contencioso administrativos, se encuentra pendiente de apelación en la Audiencia, fijada para el 17 de febrero de 2015.

Sistemáticas demoras

Centrados en las incidencias que parecen concurrir en el procedimiento seguido por La Fabriquilla, denunciado en su día por la perjudicada Margarita Kaiser Terriza y al que Fiscalía propuso unir el de la trama Amat por posible conectividad en los delitos a investigar, AMAyT refleja un rosario de fechas y actuaciones que demostrarían que se ha ido dilatando injustificadamente la causa y ocultándoles información. En unos casos la responsabilidad radicaría en el propio juzgado y, en otras, en la escasa o pasiva intervención de la Fiscalía de Almería. Especialmente chocante resulta, por ejemplo, la comparecencia en calidad de imputado del ex concejal de Urbanismo y mano derecha durante años de Amat en este área, José María González. Una comparecencia «que desde que el Iltmo. Sr. Fiscal solicitó la declaración y citación, como imputado, del Sr. exconcejal 9/01/2012 hasta la fecha, ya prevista y en principio, 16/09/2013, habrían transcurrido, ni más ni menos, que 18 meses». (Al final serían 21) Y preguntan: «¿No parece, en principio, demasiado tiempo el transcurrido para la citación y localización de un Sr. cuyo domicilio se encuentra en el mismo término municipal? ¡Un señor que ha sido concejal de la corporación municipal durante más de 17 años!»

También se recuerda que, desde hace casi un año, que la Juez ordenó asignar a la Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Financieros del CNP la elaboración de un informe de investigación, asunto del que las partes personadas no han vuelto a tener noticia en estos meses.

Se queja la asociación anticorrupción de sistemáticos retrasos en la entrega de documentación por parte del juzgado, como por ejemplo el informe de Fiscalía donde se proponía, antes de solicitar imputación de los miembros de la Junta de Gobierno con Amat al frente, que se acreditase por el secretario del Ayuntamiento de Roquetas el nombre de quienes otorgaron la licencia de diez viviendas ilegales en la Fabriquilla. Dos meses tardó en comunicase a la acusación el informe del Fiscal, lo que les conduce a afirmar «que no cabe extraer otra conclusión que la existencia mal intencionada y preconcebida en demorar aquellas resoluciones que, a sabiendas, puedan ir encaminadas en contra de los intereses del Sr. Amat», acusación lanzada directamente contra «la funcionaria encargada de estas diligencias previas».

Finalmente manifiestan su queja por el hecho de que el CGPJ haya dejado vacante de titular el Juzgado Nº 1 de Roquetas; preguntan si se ha ordenado -y por quién- cambiar al Fiscal que inició la casa; se interesan por los informes realizados por la UDEF y la UDYCO y, «si lo considera oportuno la Fiscalía», se muestran dispuestos a elevar estas denuncias al CGPJ para que se depuren posibles responsabilidades de los funcionarios intervinientes a distintos niveles en estos procedimientos.