Alaya imputa en el 'caso ERE' al exconsejero almeriense de Innovación Martín Soler

Alaya considera que Martín Soler, consejero de Innovación entre 2009 y 2010, conoció el informe definitivo de la Intervención General de la Junta sobre la Agencia IDEA donde «volvía a poner de manifiesto y concluía» que el procedimiento administrativo realizado por la Consejería de Empleo, las llamadas transferencias de financiación a la agencia IFA/IDEA para pagar las ayudas a empresas, «no se consideraba adecuado para financiar el gasto realizado».

Mercedes Alaya, que estima este procedimiento ilegal, ha imputado a una treintena de cargos y excargos de la Junta de los delitos de prevaricación y malversación, entre otros, por este razonamiento jurídico. Con Martín Soler son ya diez los miembros de consejos de Gobierno de la Junta imputados o señalados como tales por promover o permitir el uso de un sistema de pago sin control previo, lo que, en opinión de l a magistrada, favoreció el fraude en las ayudas de la Consejería de Empleo.

Entre los señalados por ella como preimputados están el antecesor y sucesor de Martín Soler en Innovación, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Manuel Recio y Carmen Martínez Aguayo. Todos estos están aforados al ser diputados y no puede investigarles.

La jueza dice que cierra con Martín Soler el capítulo sobre el papel de la agencia IDEA (antes IFA), calificada por la magistrada de «compañero perfecto de la Consejería de Empleo en el proceso no solo de materialización y ejecución, sino de concesión de las subvenciones a empresas» fraudulentas.

En este capítulo relativo a IDEA Alaya ha imputado a casi todos los miembros de sus consejos rectores de una década, entre ellos el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el del PTA de Málaga, Felipe Romera. Los dos estaban citados a declarar este miércoles, pero la magistrada ha vuelto a retrasar sus comparecencias al día 12 de este mes junto a las de otros cinco imputados.

Además de Martín Soler, la jueza cita como imputadas en este auto a otras tres personas: Isidoro Ruiz Espigares (exsocio del chófer de Guerrero, Francisco Trujillo), Manuel Robles Castaño (de la Sierra Norte de Sevilla) y Agustín Moreno Reviriego. A este último, alcalde socialista pedáneo de Torrecera (pedanía de Jerez), lo acusa de haber sido beneficiario de una póliza de 160.000 euros en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, sin haber trabajado nunca en ella. Alaya subraya la amistad de Moreno Reviriego con el exconsejero Antonio Fernández para conseguir la póliza, que se aprobó en febrero de 2004. En relación a ello, la magistrada ordena a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que le remita «a la mayor brevedad posible» lo investigado sobre dos ingresos de 2.500.000 pesetas cada uno (en total 30.000 euros) que Reviriego hizo en 2001 en la cuenta de Antonio Fernández para «concretar la relación».

Reunión del BEI

Mercedes Alaya también cita a declarar como imputados el próximo día 13, entre otros, a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, quien recibió ayudas millonarias para sus empresas de corcho de la Sierra Norte; y a Cristina Ruiz Castillo, a la que le acusa de un delito de tráfico de influencias por mediar ante el exdirector general Javier Guerrero, con quien tenía amistad, para que su padre, Rafael Ruiz García, también imputado, cobrara una póliza falsa de prejubilado. Cristina Ruiz, gerente de un centro de minusválidos de Córdoba, Promi, iba en 2011 en la lista electoral del PP a la Alcaldía de Córdoba, que encabezaba el actual alcalde, José Antonio Nieto. Cuando se conoció que su padre era un intruso del caso ERE, el PP la sacó de la lista.

Por otro lado, el consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aplazado a julio su decisión sobre si la permanencia de Magdalena Álvarez como vicepresidenta provoca «riesgos de reputación» de la entidad. Álvarez, imputada por Alaya en el caso ERE, mantiene su inocencia, pero el Gobierno de España ha instado al BEI a considerar su destitución si Álvarez no presenta su dimisión.