Pensionistas

La gestión que deben hacer los jubilados en marzo para no perder la pensión

De hecho, no estar al día con los trámites exigidos por parte de la Seguridad Social puede conllevar sanciones económicas e incluso la retirada de la paga para algunos pensionistas. Una información relevante, puesto que antes de que finalice el primer trimestre de 2023, es decir, antes del 31 de marzo, muchos de los beneficiarios de una pensión en España tienen que entregar varios documentos para seguir cobrando la paga.

Eso sí, estos trámites no se aplican a todos los pensionistas. Solo tendrán que hacer frente a ellos quienes hayan sufrido cambios en sus datos personales, los que residan en el extranjero o los beneficiarios de una pensión en modalidad no contributiva.

El primero de los trámites, tal y como informó hace algunas semanas la Seguridad Social, tiene que ver con los cambios de domicilio, incio de actividades laborales o modificaciones en la situación económica o familiar. Unos cambios que deben ser notificados a la entidad gestora dentro de los 30 días siguientes a los que se produzcan.

Este trámite puede realizarse tanto en la Sede Electrónica como en las oficinas de la Seguridad Social. Y quienes no lo realicen y sean beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente, viudedad o en favor de familiares podrían recibir una multa o perder directamente la prestación.

Otro documento clave a entregar antes de abril es el certificado de fe de vida. Un documento que sirve para acreditar que el pensionista sigue vivo y, por tanto, puede continuar cobrando la pensión. Este trámite deben realizarlo cada año entre el 2 de enero y el 31 de marzo los pensionistas que residan en el extranjero. Para ello basta con comparecer ante la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En el caso de las pensiones no contributivas por jubilación o invalidez, también hay que hacer frente a otro trámite: presentar antes del 31 de marzo un certificado de rentas. Un trámite mediante el que se debe presentar un documento con los ingresos del beneficiario y su unidad de convivencia. Así la Seguridad Social podrá conocer el nivel de rentas para que la pensión no contributiva se ajuste a las mismas.