El día 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el trabajo decente y es un objetivo de justicia social al tiempo que un ... motor de desarrollo económico y social ya que garantiza el poder adquisitivo de la población y por tanto incentiva el crecimiento económico al incrementar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras y por ende aumentar los ingresos fiscales para que los gobiernos puedan financiar medidas sociales para aquellos que no encuentran empleo o no pueden trabajar. En nuestra provincia el paro afecta a 62.786. personas y 21.044 no disfrutan de prestación alguna para subsistir, teniendo en cuenta que además Andalucía es la región española con los salarios más bajos y que cuenta con una inflación del 10,9% actualmente.
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Tras la pandemia hemos asistido a un escenario que refleja como la distribución de la riqueza ha incrementado la desigualdad social, destacando la circunstancia de que nuestro país es uno de los países de la Unión Europea con mayor desigualdad en la distribución de ingresos entre sus ciudadanos; la quinta peor cifra en el indicador Gini de Europa, solo superada por Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria. Dato que nos debería hacer reflexionar a todas las instituciones sociales y Administraciones Públicas sobre la necesidad de implementar medidas que reduzcan esta desigualdad, que además se ve agravada con la inflación actual.
Es imperante promover el empleo, garantizar los derechos en el trabajo y extender la protección social de aquellos más necesitados fomentando el dialogo social, y digo esto para reclamar a las Patronales responsabilidad dejando de obstaculizar los
Procesos de Diálogo y de Negociación Colectiva, ya que en nuestra provincia tenemos bloqueados en este sentido 10 Convenios actualmente que afectan aproximadamente a 75.000 personas. Es urgente regular la situación laboral de estos trabajadores y trabajadoras y producir incrementos salariales justos para impulsar el crecimiento de la economía, y de la paz social.
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El papel de los Gobiernos también es prioritario en este objetivo, apoyando a las pymes facilitando el acceso a financiación y creando condiciones apropiadas para permitir que las pequeñas empresas prosperen, y reforzando la Inspección laboral e impulsando medidas de protección social y de creación de empleo para los ciudadanos ante este escenario de incertidumbre inflacionista en el que es necesario frenar los precios y aumentar el salario mínimo interprofesional a 1.100 euros.
Por otro lado necesitamos incrementar los ingresos públicos para mejorar los servicios públicos y la vida de la mayoría social de nuestro país. Esto pasa ineludiblemente por incrementar los impuestos a las personas y a las empresas que más patrimonio tienen y más renta obtienen; medida que conlleva la aplicación de impuestos directos y progresivos, porque la justicia fiscal es la mejor manera de luchar contra la desigualdad redistribuyendo la riqueza.
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