El fin de semana que da paso a la Semana Santa se inició con una tasa de incidencia del coronavirus de 138 como media nacional, ... entre los 241 de Madrid y los 28 de la Comunidad Valenciana. Y con un nivel de vacunación de solo un 5,3% de la población. Tras el puente de San José y el incremento de la movilidad dentro de cada autonomía –pero también hacia otros territorios con razones justificadas o sorteando las restricciones, y a países que no obligan a la cuarentena– se da por descontado que durante los últimos días de marzo y a lo largo de abril España experimentará un agravamiento epidémico. Mientras el SARS-CoV-2 siga presente con tasas de incidencia de dos dígitos, la ruptura de las burbujas de convivencia diversificando los contactos interpersonales y la exposición colectiva a aerosoles en distintos espacios harán subir la curva. En este caso, la que denominamos cuarta ola. Se ha conseguido sortear la llamada a 'salvar la Semana Santa'. Pero las medidas de restricción y seguimiento de casos continúan yendo por detrás de la pandemia.
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El BOE y sus homólogos autonómicos anuncian nuevas medidas en el caso de que la incidencia se incremente hasta una determinada tasa en un determinado ámbito territorial. Como si se tratara más de una penalización 'a posteriori' que del establecimiento de pautas preventivas para atajar a tiempo una nueva curva ascendente. Además, las medidas de contención entran en vigor a los días de reconocer su exigencia y publicarse, con lo que se invita a los ciudadanos a apurar las últimas horas de permisividad.
Las sociedades abiertas no pudieron afrontar la declaración de pandemia hace un año con estrategias que buscasen acabar con la contagiosidad de manera drástica, porque ello hubiese supuesto violentar el sistema de libertades y la necesidad constitucional del escrutinio ciudadano. Pero, desde un absoluto respeto al Estado de derecho, las democracias parlamentarias habrían sido capaces de adelantarse algo más a las sucesivas olas epidémicas con solo atender a los pronósticos de consenso entre epidemiólogos, virólogos y expertos en salud pública. Lo hubieran podido hacer las administraciones españolas ante la Semana Santa, tras la dolorosa lección navideña. Pero hay dos factores que lo están impidiendo. La prevalencia de los intereses políticos partidarios y la carencia de recursos financieros públicos para compensar la inactividad de empresas y trabajadores.
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