Hemos asistido estos últimos días a un episodio de violencia brutal en el pueblo de Illora, con la consecuencia final que todos hemos visto y ... sentido. Ahora lo que toca es arropar a la familia de Juan, nuestro dolor y lágrimas para la víctima y sus familiares.
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La violencia, en cualquiera de sus grados es rechazable, execrable y detestable. No se debe en ningún caso ampararla, justificarla, promocionarla ni mucho menos admitirla. También el poder del odio está infravalorado es más fácil unir a la gente alrededor del odio que en torno a cualquier creencia positiva, el odio es un sentimiento, una pasión del alma, difícilmente objetivable, forma parte, como el resentimiento o como la envidia del arsenal emotivo de un ser precario e inestable, las expresiones de odio hay que combatirlas con la palabra, con la educación, y con una cultura política que no acuda a la construcción de chivos expiatorios para exorcizar los fracasos, las frustraciones y los errores. A Buda se le atribuye la frase siguiente «el odio es un veneno que uno se toma creyendo que va a dañar al otro». El discurso del odio pone en peligro el sistema de derechos y libertades que gozamos.
Creo que queda demostrado que la lucha policial contra el delito, aunque esencial, no es suficiente, se requiere de otras herramientas que están inmersas en la democracia como valores fundamentales que la sustenta, hablo del diálogo y la educación. El diálogo, como dijo Aristóteles, es el principio de la democracia y es fundamental crear espacios de encuentro y de convivencia en nuestra sociedad plural y diversa. El dialogo intercultural se perfila como un conjunto de prácticas adecuadas que favorecen el pluralismo cultural a los niveles local, nacional y regional, destinadas a desalentar todas las manifestaciones de extremismo y de fanatismo y a resaltar los valores y principios que conducen al acercamiento y a la convivencia pacífica, convivencia que debe volver al pueblo de Illora y no caer en violencia dirigida contra la comunidad gitana.
Los poderes públicos, y por lo tanto sus titulares, no pueden estar ajenos a esta problemática y deben, desde los principios que marcan nuestra Constitución (art. 103) de buena administración, participación, información, publicidad y transparencia, dar respuesta a esta necesidad de tener esos espacios de encuentro y convivencia. La creación de espacios de Diálogo Intercultural ayudaría, de forma decisiva, a ser el marco donde se desarrollen políticas de acercamiento sociales e integración de los miembros de las diferentes étnias, creencias y culturas; también permitiría, entre otras cosas, crear un marco amortiguador de posibles conflictos y de profundizar en la pluralidad. No es función de los poderes públicos promocionar la diversidad cultural, esta se encuentra instalada en nuestra sociedad, pero sí es misión de estos entes garantizar el ejercicio efectivo, en igualdad de condiciones, de la convivencia pacífica de los ciudadanos.
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La Unesco estima que el fomento del diálogo intercultural y la creación de plataformas propicias para ello constituyen responsabilidades fundamentales que incumben a las autoridades públicas de todo rango, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y cada ciudadano.
La diversidad y pluralidad cultural enriquece el entorno dónde se da, aportan a nuestra sociedad capacidades y la convivencia pacífica, el respeto y la pluralidad son valores necesarios para construir sociedades libres y democráticas.
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