El ataque a la educación superior, a la UJA, no es flor de un día

El asalto a la educación superior pública andaluza, se ha basado en el incremento acelerado de universidades privadas, «universidades de pinta y colorea», que por supuesto tendrán un sistema de inspección diferenciado para reconocerles una calidad que no tienen. Un sistema universitario paralelo con 6 universidades privadas, 4 de ellas nuevas y que aún no cuentan con el informe positivo de los organismos responsables sobre los requisitos académicos y de calidad legalmente establecidos. Algunas se han aprobado con los informes negativos y muchas tienen grandes carencias en la parte de investigación. En el mes de junio de 2023 la Junta de Andalucía aprobó un decreto de regulación de las enseñanzas universitarias, que denunciamos desde CCOO, al posibilitar la pérdida de titulaciones del sistema público para dejar espacio libre a las nuevas privadas, provocando el deterioro de la imagen de alta calidad del conjunto del sistema.

Desde CCOO venimos reclamando que el sistema de inspección y control de la calidad sea único para todas las universidades, tanto públicas como privadas. El CAU (Consejo Andaluz de Universidades) aprobó el pasado año 250 titulaciones nuevas, de las cuales, 64 eran de universidades privadas y 186 de universidades públicas. Titulaciones nuevas pero a coste cero, porque según la Junta de Andalucía no son titulaciones que necesite nuestra sociedad, hecho que fue denunciado desde este sindicato. La gran mayoría de las titulaciones privadas eran espejos de titulaciones públicas con una larga trayectoria y una fuerte implantación en Andalucía, tan sólo 7 titulaciones privadas venían a complementar la oferta de titulaciones públicas. Esta situación está provocando un sobreesfuerzo a las universidades públicas que deciden implantar nuevos títulos, detrayendo recursos de otras partidas para implantar los nuevos títulos. Un deterioro constante en el sistema educativo, provocado por el gobierno andaluz, que lleva a las universidades públicas a proponer nuevas titulaciones a coste cero, incluso con 'aulas espejo'. El cinismo de la Junta llega a extremos inauditos, por un lado, critica a las universidades públicas porque no ofrecen titulaciones demandadas por la sociedad y cuando las universidades las ponen en marcha, la Junta no financia ni un euro para que comiencen.

Paralelamente, la Junta de Andalucía está sometiendo a las universidades públicas a una asfixia financiera sin precedentes, a través de los modelos de financiación de las universidades. Modelos que denunciamos en su momento, que no eran de financiación sino simplemente de reparto. El anterior modelo Velasco ya situó a la UJA en el filo del precipicio y el actual modelo acordado por el consejero Villamandos y los rectores viene siendo incumplido sistemáticamente por la Junta, lo cual agrava la economía de la UJA. Situación que desde CCOO venimos denunciando desde su implantación en 2023.

El pasado 30 de junio ratificamos desde CCOO nuestro voto en contra (sorprendentemente, el único) a unas cuentas deficitarias que la UJA llevaba ante el Consejo Social, reafirmando nuestra argumentación en cuanto a una financiación que no cubre las necesidades de la Universidad de Jaén. La UJA cerraba sus cuentas del ejercicio del año 2024 con un déficit presupuestario de 3.265.661.04 euros.

Para el sindicato, la aplicación del modelo actual de financiación es ineficiente, impide llevar a cabo una planificación del relevo generacional en la Universidad pública, genera la necesidad de contrataciones precarias que sustenten la docencia, aumentando de forma preocupante las asignaturas troncales impartidas por profesorado asociado (más barato) situación que preocupa al sindicato y que nos llevará a tomar medidas este otoño.

El último ataque a la UJA, tras el rechazo de la Junta de Andalucía con el informe desfavorable de la ACCUA (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía) para la implantación de la titulación del Grado de Ingeniería Biomédica, fue contestado por este sindicato desde el mismo 1 de julio, cuando conocimos este agravio. Un ataque a la UJA que ha desatado una ola de indignación desde multitud de asociaciones, colectivos, y en general la sociedad jiennense, aunque se echa en falta la posición del Consejo Social. Desde el sindicato ya advertimos que la titulación cumple con el Real Decreto e incluso cuenta con el visto bueno del Ministerio. Sin embargo, la agencia ACCUA, cuyo director dimitió hace meses, es el propio consejero de Universidad, presidente de ACCUA, quien está ejerciendo en funciones, se empeña en un segundo informe con unas exigencias y requisitos que no recoge la legislación actual, sometiendo a la universidad a un nivel de fiscalización que compromete su propia autonomía, como ejemplo, el Plan de Ordenación Docente, donde pretende conocer por adelantado, la asignación docente de cada profesor.

La situación actual a la que el gobierno de la Junta de Andalucía está sometiendo a las universidades públicas andaluzas, y en particular a nuestra Universidad, impide que la UJA continúe siendo el motor dinamizador de la provincia de Jaén. Y merece una respuesta en la calle, para la que trabajaremos junto a la Plataforma en la defensa de la Universidad de Jaén de cara al próximo 8 de octubre, como universidad pública y de calidad que forma parte del Sistema Universitario Público Andaluz en la defensa radical de la Universidad Pública de Jaén de cara al próximo 8 de octubre.

Como Secretaria General de CCOO en la provincia de Jaén tengo claro que la única forma de revertir este caos y deterioro del sistema universitario público andaluz es la voluntad política del gobierno de Andalucía por aumentar la financiación, por cumplir los acuerdos alcanzados con este sindicato y sus propias normas publicadas en el BOJA. Pero queda lejos de la realidad cuando la Junta de Andalucía sigue despreciando a la representación de trabajadoras y trabajadores y hurtando la negociación legítima a través de sus representantes, utilizando las mesas de negociación como un mero formalismo, un mero trámite que debe soportar por imperativo legal.