Salud pública

Pues bien, Granada cuenta con una Escuela de Salud Pública, una institución que desde 1985 no ha hecho más que generar un historial brillantísimo, de gran prestigio no solo en Andalucía, sino en el resto de España y principalmente a nivel internacional. Cientos de gestores sanitarios se han formado en ella, entre otras muchísimas actividades de los diferentes campos que afectan a la salud integral de las personas. Y sin embargo, nos llegan noticias inquietantes del conflicto que está viviendo, debido a un anunciado cambio en la manera de gestionar la Junta de Andalucía el sector, y que tiene en vilo a sus trabajadores, colaboradores, directivos y demás. Desde fuera y sin matices, es fácil deducir que una vez más se pone en peligro uno de los grandes activos de una ciudad que no ha hecho más que perder instituciones importantes, o vaciar de contenido a las que sobreviven como pueden. Y no voy a hacer una lista porque ya saben que sería larga y dolorosa.

Por lo que se ve, o se ha publicado, lo que pretende el gobierno autonómico, en teoría, es unificar instituciones sanitarias en una especie de entidad global, que se encargaría de controlar la gestión de todas mientras la citada escuela venía gozando de una autonomía que ahora se pretende limitar. Así dicho tiene su lógica, pues si algo pertenece a lo público debería estar controlado como para optimizar los recursos del Estado que son los que sostienen a todo el sistema. Siempre y cuando en este caso se respete el nombre, o la 'marca' de la EASP, que tan buena reputación viene cosechando y se mantengan los criterios científicos de los profesionales que la gestionan. Con todo el cariño a nuestros esforzados políticos, dejar que sean ellos los que decidan y establezcan las prioridades sobre las investigaciones científicas o las actividades docentes, donde se van a invertir los recursos públicos es bastante arriesgado. Especialmente si creen que lo conocen todo y no son capaces de escuchar a los que saben valorar el alcance de los proyectos, con vistas a una sanidad que necesita reforzarse con bases sólidas y duraderas. Aplicar criterios de tipo político en el ámbito sanitario tiene unos riesgos evidentes, como hemos visto a lo largo de la pandemia y no solo en España, sino también fuera.

Cabe pensar que, o bien no se ha explicado con claridad a los que trabajan en esta institución lo que se pretende hacer, o bien se está perpetrando una grave agresión a una institución puntera que, tras haber conseguido una reputación magnífica a lo largo de treinta y seis años, la puede perder en pocos días de conflictos y falta de capacidad de diálogo.