Error

Así, el derecho al error propone, con fundamentos razonables, que las personas pueden cometer equivocaciones de buena fe sin enfrentar sanciones desproporcionadas: esta 'legalidad' 'se puede enmarcar en la estrategia de buen gobierno en el que las administraciones públicas transforman la concepción clásica de administrado por el de ciudadano, con más derechos y también mayores responsabilidades' (Carles Ramió. 'Un nuevo derecho / el derecho al error').

La consecuencia más relevante para el vecino –para todos nosotros– es la reducción de la incertidumbre. Nadie debe temer que un error cometido con buena fe se convierta en un filtro punitivo que desincentiva la participación, la denuncia de irregularidades o la búsqueda de soluciones innovadoras. Con mecanismos claros de rectificación y criterios transparentes sobre cuándo aplicar la excepción, las personas ganan seguridad para actuar, aprender y corregirse sin miedo a represalias.

Sin embargo, esta 'novedad' no debe convertirse en excusa para la negligencia o el fraude. Es imprescindible distinguir entre errores razonables y conductas culpables, y dotar a las instituciones de recursos suficientes para revisar casos, evitar abusos y aplicar sanciones cuando corresponde.

La clave está en diseñar marcos de implementación simples, predecibles y accesibles para todos. En definitiva, si se implementa con transparencia y salvaguardas efectivas, el derecho al error puede fortalecer la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana. Es una apuesta por una cultura normativa que privilegia la reparación, la educación y la participación, frente a una cultura punitiva que, tarde o temprano, termina erosionando la convivencia y la confianza en la democracia.