Apoyo

Por un lado, se acusa a los 'asesores' de ser un gasto innecesario o una extensión del «clientelismo partidista»; por otro, se defiende su papel como piezas imprescindibles para conectar la dimensión política del gobierno con la maquinaria técnica de la administración.

Quizá sea innegable que, hoy por hoy, los altos cargos políticos necesitan apoyo especializado. Quienes asumen responsabilidades de gobierno suelen provenir de ámbitos diversos –la política, la empresa, la universidad, etc.– y se enfrentan a una administración compleja, con normas, rutinas y dinámicas internas difíciles de dominar en poco tiempo. Los asesores –con formación y experiencia–, en este contexto, cumplen una función de traducción y mediación, ayudando a comprender la estructura pública, a formular políticas coherentes y a comunicar las decisiones de manera eficaz.

Sin embargo, también es cierto que esta figura se ha visto distorsionada por prácticas poco transparentes. Con frecuencia, los cargos –llamados «de confianza»– se utilizan como recompensas partidistas o como «posiciones destacadas», en una indudable deriva que a nadie ni a nada beneficia –excepto al interesado o interesada–.

Por tanto, puedo –¿podemos?– entender que los asesores no son el problema en sí mismos, sino cómo se seleccionan, se controlan y se integran en el sistema institucional. Así, lejos de suprimirlos, parece que resulta más sensato redefinir su papel con criterios claros de mérito y profesionalidad, garantizando que aporten conocimiento estratégico, visión política y coordinación social sin invadir las competencias técnicas de la administración. ¡Y, cómo no: exigiéndoles la misma «rendición de cuentas» a que están obligados, por ley y moral, los que los han elegido!