Sinrazones y delirios del presidente

Entre las variaciones con que el presidente Sánchez matiza sus declaraciones públicas en torno a la amnistía, tratando de encubrir sus cambios de humor y ... de opinión, o, lo que es lo mismo, su falta de rigor y consecuencia, recojo hoy algunas pintorescas que me han llamado la atención. Afirma que lo ha hecho para «cumplir el mandato electoral». ¿Qué mandato? ¿En qué elecciones se ha planteado al votante esa grave cuestión que afecta tan radicalmente a nuestra convivencia? ¿O por mandato entiende lo que él ha mandado que se haga para obtener una mayoría de ocasión en contra de sus expresas convicciones, suyas y de su partido el PSOE, antes de las elecciones? Esto plantea la grave cuestión de si es lícito conseguir una mayoría a costa de quebrantar la propia palabra, la identidad histórica del partido en que se milita y las obvias expectativas de su electorado. Ya sabemos que en política, para lograr acuerdos, es preciso hacer concesiones y transacciones, pero hay principios como la igualdad ante la ley o la unidad de la nación que no pueden tratarse como intereses de parte en un negocio político, so pena de mercantilizar los valores superiores. Asímismo se ha visto obligado el presidente a cambiar lo del aforismo de la necesidad y la virtud, a la vista de lo impúdicamente virtuoso que resultaba su propósito. Ha optado por la variante del buen pragmático: «No he hecho lo ideal, sino lo posible». Pero ha dejado sin aclarar qué es eso ideal, a lo que ha renunciado con tanta pena. ¿Acaso su posición anterior contra la amnistía por inconstitucional? Y si esto es lo ideal, ¿cómo pondera eso posible, –la amnistía a que se ha visto obligado para poder gobernar- como nada menos que la resolución ideal para pacificar la convivencia? Pero, sobre todo, ¿quién o quiénes lo obligan a gobernar con tales costos si no es su propia ambición de poder?... No digamos ya esa consigna tautológica de «devolver a la política lo que es político», con lo que de hecho se está pidiendo excepcionar el delito en política del imperio de la ley. ¿Se ha condenado acaso a los nacionalistas en España por sus ideas políticas o por su vulneración práctica, en rebelión y sedición, de la Constitución?... Por supuesto que los conflictos políticos exigen soluciones políticas, pero no se puede plantear ningún pretendida resolución del problema nacionalista al margen o en contra de la Ley común, que es la Constitución. Esto es lo que afirma de facto el presidente. Veremos si mantiene su palabra, que ya no tiene el menor crédito, mientras sostiene pactos en que se defiende la nacionalidad política de ciertas Comunidades y se mantienen conversaciones donde se plantea abiertamente el derecho de autodeterminación.Y por último, esa monserga incesante de que la presunta amnistía es «conforme con los valores de convivencia», tal como se repite por activa y pasiva en la exposición de motivos de la propuesta de ley, con una retórica de buenas intenciones, –en el sentido 'buenista' que acuñó el expresidente Rodriguez Zapatero, el actual gurúde la izquierda–, que deja entrever el vano esfuerzo por hacer plausible lo ética y jurídicamente inaceptable. De ser así, ¿cómo omitió citar expresamente la amnistía el legislador constituyente, que tan sabio se ha mostrado en todas sus previsiones?. Fue ¿mero olvido cuando está reconocida en otros ordenamientos políticos afines ?, ¿o acaso la descartó por su fácil asimilación con un indulto general, que está expresamente prohibido? ¿Qué es esta amnistía sino un indulto general a priori, es decir, previo a todo enjuiciamiento?... Entre los precedentes de la misma, solo puede recurrir a la ley de amnistía de 1977, que «pretendía –dice– poner fin a una larga dictadura para iniciar la construcción de un Estado social y democrático de derecho». Y así es. Es obvio que esta ley obedecía a las razones intrínsecas propias de la amnistía al suspender actuaciones penales y situaciones jurídicas que se produjeron cuando faltaban las condiciones formales de un Estado de derecho, facilitando así la transición hacia la democracia. La no derogación de esta ley –se argumenta en la exposición de motivos—viene a probar que el constituyente no prohibió la amnistía. No había ciertamente razones para derogar una ley, anterior al actual ordenamiento jurídico, tan consonante con los criterios formales de una verdadera amnistía, pero si no se aceptó tal medida expresamente en su ordenamiento constitucional, fue precisamente porque en el nuevo régimen, bajo el imperio de la ley, no tienen que darse las condiciones que justifican esta medida. Esta ausencia no es un mero silencio, sino un reconocimiento de que no cabe en la Constitución de 1978 la excepcionalidad de la ley. Las transgresiones de la ley común se saldan con la aplicación de la ley, y no creando situaciones de excepcionalidad ad hoc, porque toda excepción –importa no olvidarlo– se basa en una injusticia. Además de las sinrazones del presidente, he de mencionar algunos de sus delirios; entre otros, el aura de pacificación con que se inviste Pedro Sánchez, como su misión en la historia. Es pura invención áulica. En democracia, lo que pacifica en primera instancia es la aplicación de la ley como única garantía de convivencia. Si no se cuenta con esto, cualquier pacificación se mueve en el vacío y la arbitrariedad ¿Hubiera sido pacificador –me pregunto– amnistiar el comportamiento sedicioso de la Generalitat antes de someterla a juicio? Obviamente, no. Habría sido abiertamente insensato. Pues no lo es menos, hacer hoy una excepción de la ley que solo está favoreciendo de hecho la disensión interna de los españoles y el reforzamiento de la demanda nacionalista. No digamos ya de ese despropósito de «levantar un muro contra la derecha», empresa tan radicalmente opuesta al espíritu de la Constitución, o la no menos insensata expresión, «el destino de la Nación se decide en las Cortes Generales», no ya la ley ordinaria, sino nada menos que el destino, esto es, lo que es y haya de ser esta Nación en el futuro, cosa que se encomienda en la Constitución a la voluntad expresa de los españoles. Conviene recordar que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (art, 1º) y este se expresa con su palabra y su voto. ¡Que no lo olvide el Sr. Sánchez, pues el pueblo es más que su presidente y su efímera mayoría parlamentaria! Para cambiar la Constitución, habrá que oír la voz del pueblo de España. El mejor homenaje a la Constitución es respetarla y honrarla. Que lo recuerden todos en el día de hoy: «La Constitución se fundamenta en la indivisible unidad de la Nación española, patria común e indivisa de todos los españoles» (art. 2). Esto es lo que ha jurado o prometido nuestro presidente y todos sus ministros. ¡El pueblo español lo tiene en cuenta!