Diez razones contra la amnistía

Callaba decir que en tal pacto no ha habido cesión por la otra parte, ni renuncia a la unilateralidad de que se le exigía al comienzo de la negociación, sino el implícito reconocimiento de que el procés fue el ejercicio de un derecho legítimo, reprimido violentamente por el Gobierno y el poder judicial. Así lo declaran abiertamente los perdonados. En fin, el mundo al revés, al convertir la amnistía en el autoperdón del Estado por los abusos cometidos. Pero, pese a todo, no cesaremos de denunciarlo, porque constituye un atentado contra la Ley común y la unidad de la Nación española. Como muestra, recojo un ramillete de diez razones contra la amnistía:

1. La amnistía no cabe ni está reconocida en la Constitución de 1978, y no por omisión, sino por el explícito rechazo de los constituyentes a dos enmiendas a favor de incluirla, como puede comprobarse por las actas de las sesiones. Así lo proclamaron en su día los mismos políticos del PSOE que la promueven ahora.

2. No se puede alegar que estuviera implícita, pues se prohibe expresamente conceder 'indultos generales' (art 62). Ciertamente la amnistía es una medida de gracia mayor que el indulto, porque no borra la pena sino el sentido del acto, pero quien prohibe lo menos, aún con mayor razón, prohibe lo más y por eso la excluye.

3. Vulnera el principio base de toda Constitución como la igualdad de los españoles ante la Ley común.

4. No responde a las condiciones socio-políticas, que legitiman la amnistía, como el tránsito de un régimen político dictatorial a la democracia reconquistada.

5. No cuenta con la mayorías sociales necesarias a favor de conceder una medida de tan grande envergadura política y alcance histórico.

6. No exige la disposición básica para el perdón como la renuncia a la unilateralidad de la actuación que ha sido condenada legalmente.

7. Se presta a la arbitrariedad del perdón, como en este caso donde la amnistía ha sido impuesta y exigida de parte, como condición necesaria para que haya Legislatura.

8. Va contra el derecho penal español, al que no invoca ni se acoge, pues exculpa actos que como la malversación, la rebelión, alta traición o el terrorismo no admiten medida de gracia

9. Supone de facto una autoinculpación del Estado al confirmar indirectamente el sentido del relato histórico del procés como un derecho legítimo.

10. No será pacificadora ni reconciliadora, como presume el Gobierno, pues ya está produciendo profundas divisiones internas en la opinión pública y reforzando las actitudes radicales de las fuerzas políticas independentistas.

Y frente a este cúmulo de sinrazones, surge la gran pregunta: ¿por qué no se ha consultado al pueblo español, vía referendum o convocatoria de elecciones? ¿No declara esto una actitud antidemocrática, pese a las enfáticas declaraciones del presidente y de su muñidor político, el Sr. Bolaños?. Aquí hay que recordarles que temer al pueblo y al veredicto de las urnas es el comienzo de todo despotismo.