El portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, amenazó el jueves pasado con retirar su apoyo al Gobierno andaluz, si el Ejecutivo no aplica el ... acuerdo firmado hace unas semanas por el consejero de Educación, Javier Imbroda, con ellos, referido al pin parental, a cambio de la aprobación por Vox del decreto de escolarización. El presidente Moreno Bonilla le ha dicho a Hernández que cumplirán lo pactado.
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Lo que Vox defiende, con este 'pin parental', es que los padres han de autorizar, de manera explícita, cualquier actividad complementaria –obligatoria y evaluable– que organicen los centros, especialmente, las actividades de educación sexual, igualdad de género, violencia machista e inmigración, incluso dentro del horario lectivo. Es más, los escolares se ausentarán de ellas, si los padres no las autorizan.
Este pin es un intento de controlar el sistema educativo, una agresión a la libertad de cátedra, y un intento de generar miedo en el profesorado y romper el consenso existente en la escuela, cuando el problema que plantean afecta a un número insignificante de alumnos. Ya el TSJ de Murcia tumbó el pin parental, de manera cautelar, al considerar «un perjuicio la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable por no autorizarlo sus progenitores».
Las actividades complementarias, que Vox Andalucía pretende someter a la voluntariedad de los padres, son curriculares, y, por tanto, de obligado cumplimiento para toda la comunidad escolar, al estar programadas desde principio de curso y haber sido aprobadas por el Consejo Escolar, integrado por padres, profesores y alumnos. La programación, una vez aprobada, se envía a la Inspección Educativa, y cualquier padre puede acceder a ella.
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Según el Tribunal Constitucional (sentencia 133/2010), la libertad de los padres para elegir la educación para sus hijos tiene un límite, recogido en el artículo 27.2 de la Constitución: «Procurarles una educación que contribuya al libre desarrollo de su personalidad, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Por tanto, el único pin aplicable en educación es el constitucional: educación integral del niño, basada en el pluralismo, para formar libremente su conciencia y desarrollar su personalidad. El pin parental es inconstitucional. Si cada niño fuese educado en la escuela según las ideas políticas y religiosas de sus padres, en lugar de centros educativos abiertos y democráticos, como son hoy, crearíamos torres de Babel, y volveríamos de nuevo a las cavernas.
Victoria Camps, en su obra 'Paradojas del individualismo', manifiesta que «nuestro mundo es plural y diverso y, por eso, lo universal y lo particular tienen que ser compatibles… La diferencia es buena en sí misma, nos enriquece a todos». No se trata de aniquilar lo diferente, sino de respetarlo y consensuar los grandes valores universales que nos unen: la igualdad de género y de razas, la dignidad del ser humano, la solidaridad, la libertad, y la paz.
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