Es evidente que siguen sin modificarse políticas fundamentales para las personas, por fin parece que llega modificar y unificar el catálogo de los servicios sociales ... en vigor, está obsoleto y debe ser actualizado por el Consejo Interterritorial de Derechos Sociales. Cada autonomía tiene su catálogo y si se traslada a otra comunidad un desatino de desatención. Es establecer unos mínimos básicos que los servicios sociales estarán obligados a prestar, acordados por ése Consejo con las comunidades, en todo el país unos mínimos de calidad y criterios de evaluación. España, según diagnóstico de la OCDE y su jefa de Políticas Sociales necesita mayor cohesión en su sistema de prestaciones sociales por sus desigualdades. Ha lamentado que el sistema de servicios sociales, es quizás el más infradesarrollado y peor dotado del estado del bienestar hay relevantes desigualdades territoriales, algunos vinculados a la dotación presupuestaria.
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Son unos servicios sociales no centrados en las personas, elevada burocracia y barreras de acceso injustificables, meses y meses en acceder que deberían recibir en días. Representante grupo EAPN España, expresó su deseo de situar la lucha contra la pobreza y exclusión social «en el centro de la agenda», recordó que ambas siguen al alza. Carlos Susías, presidente de EAPN dijo que las verdaderas causas son las políticas económicas, fiscales y laborales, sobre las que hay que dirigir la mirada, con medidas concretas afronten la situación, IMV sin trabas, una ley de empleo inclusivo, una ley de familias, la futura ley de servicios sociales y una ley de vivienda que estimó urgente. Potenciar una intervención centrada en la persona, mejorar el trato que las administraciones proporcionan a quienes acuden a los servicios sociales para que no sean consideradas como números.
Andalucía con un 38,7% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social, cerca de la mitad de menores de Andalucía están en riesgo de pobreza o exclusión social, 700.000 menores de 18 años. Andalucía soporta 3,2 millones de personas en riesgo, más de una de cada tres de las 8,4 millones personas andaluzas. Defensor del Pueblo andaluz ha alertado en un comunicado, las condiciones de vida según INE han empeorado en el último año. Las familias tienen retrasos en los pagos de la vivienda principal, no pueden tomar carne, pollo, pescado, falta de oportunidades profesionales, falta de acceso a vivienda se agrava en familias monomarentales. Se constata que hay una clara falta de presupuesto y política que apuntalen el derecho a la vivienda.
La ley de servicios sociales que llegará al consejo de ministras en las próximas semanas, acuerden las autonomías con el ministerio un catálogo común en todo el país. Quien además de un catálogo común básico en todo el territorio, pide se garantice la transferibilidad de los derechos entre regiones, con mejor coordinación. Hay diferencias en organización, dotación de personal y financiación, con consecuencias en los servicios que ofrecen. Junto a la ley de familias fue compromiso con la OCDE. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se desarrollan y aplican las políticas.
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