que daña la autoestima de una provincia que lleva años reclamando una apuesta seria por su universidad. El propio alcalde de Jaén, Julio Millán, lo ... calificó de «varapalo» y no le falta razón. Cada vez que se deniega un nuevo grado se pierden inversiones, se dispersa el talento y se erosiona la imagen de una institución que ha cumplido con creces su papel de motor provincial. Esto no es un trámite menor, sino la confianza en un modelo de universidad pública que investiga, colabora con empresas y forma a cientos de jóvenes que, de otro modo, como conoce bien esta tierra, tendrían que marcharse. Eso también es cohesión territorial y justicia social.
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La Junta aún puede rectificar. Lo mínimo sería revisar el informe técnico, explicar con claridad los criterios aplicados y asumir responsabilidades por un retraso que ha dejado a cientos de estudiantes en el limbo. Cada decisión como esta alimenta la sospecha de un trato desigual, que empieza a parecer menos una percepción y más una evidencia. Hay instituciones que incomodan, precisamente porque funcionan. La Universidad de Jaén es una de ellas. Por eso hay que defenderla. No desde el victimismo, sino con la convicción de que una universidad pública fuerte no es un privilegio, sino una necesidad. Dice Boaventura Santos, citado por Emilio Díaz Berenguer, que «O defendemos la universidad pública como lugar de producción de saberes plurales y emancipadores, o estaremos renunciando a uno de los pocos espacios donde aún es posible pensar utopías, imaginar futuros y ejercer la democracia en serio.» Y eso, sin lugar a dudas, también es política.
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