A vueltas con la amnistía

Se podría decir que la realidad social que vivimos desborda la capacidad de compresión humana, o por lo menos de la mía y de no pocos amigos. Entender qué sea un andaluz o un extremeño o cualquier otro habitante de España es harto difícil y aún lo es más si queremos aclarar las cuestiones políticas que a todos nos conciernen. Que las interpretaciones sean múltiples dependiendo de los puntos de vista del enfoque concreto es lo que cabe esperar. Lo que resulta ya menos cómodo es cuando las exégesis entran en conflicto y se presentan como una especie de guerra global, como cuando se afirma que nos precipitamos hacia el fin de España y el desmantelamiento de la Constitución. Todo se mezcla, desde los aspectos ideológicos a los sentimientos de pertenencia a territorios, clases sociales, religiones, etc.

Uno de los elementos que origina tal confusión anímica de muchos de nuestros conciudadanos, y no el menor, es el término amnistía.

Parece obvio que toda comprensión de un problema exige tener clara su explicación y si posibilita o no varias interpretaciones y, en consecuencia, distintas soluciones. La amnistía es la pretendida medicina de un problema, de carácter político. Se cuestiona el remedio antes de analizar el malestar y su idoneidad para superar la afección. Es obligado debatir su utilidad y poner en tela de juicio su eficacia, a condición de traer a la palestra pública otros tratamientos. Pero no es así. Pareciera que si la ley de la amnistía se aprobara por quien tiene toda la legitimidad para hacerlo como es el Parlamento, reglado por la Constitución, todo se corrompería, pasando subrepticiamente a un régimen dictatorial. Es más, hay quienes afirman que ya se ha entrado, antes de su sanción parlamentaria, en ese escenario tiránico.

Esta lógica cargada de sin sentido, exige desprenderse de las pasiones posibles y frecuentes que suelen acompañar a estos desacuerdos de índole política, como el rencor, el odio, el deseo de venganza, la envidia o, simplemente, la ojeriza motivada por causas que pueden objetivarse y ser compartidas con un buen número de personas, si se quiere recuperar el exigido nivel moral mínimo de todo debate.

Lo que no se puede hacer es faltar a la verdad cuando se sostiene que la amnistía sería una imposición del poder ejecutivo. La verdad en todo caso sería diferente. El Poder Legislativo es el que la aprobaría. Este es un hecho objetivo sobre el que poco se puede disentir. Pero claro, esto sería reconocer que el encaje de la amnistía en la propia Constitución es absolutamente pertinente si no niega ninguno de sus principios y obtiene la mayoría parlamentaria requerida. Se obvia este asunto, porque de ser así no habría problema alguno. En todo caso aun quedaría el Tribunal Constitucional para verificarlo.

Se dice también que la amnistía rompe España, que acaba con el principio de igualdad ante la ley, que destruye la Constitución, que conduce a la dictadura y que todo ello es el precio de siete votos. Negocio ruinoso donde los hubiere. Sin embargo, no se computa el valor de los otros setenta y uno que exigen un muro a los que defienden, alientan y justifican que el presidente del Gobierno sea colgado por los pies, y esto en una dictadura en la que los magistrados politizan los proyectos de ley, los militares, afortunadamente en la reserva, animan a un golpe de Estado, los parlamentarios desde la tribuna pública utilizan un vocabulario bélico, sin que nadie les prohíba nada y las viejas glorias con autoridad política en tiempos pasados desgranan amonestaciones y animan a actuar cada cual con sus armas, sin concretar a qué se incita. Y todo ello acaece precisamente porque la Constitución está vigente y lo permite.

Se falta a la verdad cuando se afirma que España se rompe, pues el gobierno gobierna, los jueces dictan sentencias y los políticos votan, debaten y atruenan desde sus tribunas como en cualquier democracia madura. Si hablamos de amnistía, hay que definir el término concreto, aquí y ahora. Si significa perdón que no deja huella, no es lo mismo que borrar el precepto que constituye el delito, ya que si volviese a ser infringido se restablecería la culpa.

Se dice que la amnistía destruye la igualdad de los ciudadanos, como todo acto de perdón, también el indulto que busca merced individual. Se subraya en la exposición de motivos de la propuesta de ley de amnistía que ésta se justifica por un bien superior, de paz, de entendimiento ciudadano. Esto es precisamente lo que la política tiene la obligación de, al menos, intentar. Aquí reside el meollo de la cuestión, lo demás son especulaciones, juicios de interés y verdades a medias.

Volviendo, para acabar, con el asunto del clima de desasosiego social creado artificialmente, sólo me cabe opinar que no hay que tener miedo al cambio de opinión por parte de los gobernantes y sí al enquistamiento dogmático e interesado de los problemas allí donde surjan.