Paparruchas

En una reciente entrevista, el expresidente Zapatero manifestó a Carlos Alsina (flamante premio 'Francisco Cerecedo' de Periodismo) que no está de acuerdo con la sentencia 31/2010, que anuló 14 artículos del Estatuto de Cataluña e hizo una reinterpretación de otros muchos, porque conocía muy bien cuál iba a ser la reacción. Zapatero dijo que la sentencia provocó un 'choque de legitimidades', del que culpa a la propia Constitución y a la Ley Orgánica del TC. ¡Paparruchas! (o zaparruchas). Alsina se puso malhumorado, como el Sr. Scrooge en el Cuento de Navidad de Charles Dickens, y replicó a Zapatero, pidiéndole que no le hiciera 'fakes' y recordándole que cuando se dictó la sentencia la valoró positivamente. El problema no lo creó el TC, como le espetó Alsina, sino un texto viciado de inconstitucionalidad que el propio expresidente Zapatero (ZP) pactó con Artur Mas. Y antes de ser presidente, en 2003, ZP prometió ante 20.000 personas en el Palacio Sant Jordi que apoyaría la reforma del Estatuto que aprobara el Parlamento Catalán. Una promesa en barbecho es una promesa irresponsable, y ésta lo fue porque ZP prometió solemnemente lo que no estaba en sus manos conceder. Ahí empezó el problema y esa actitud explica la que ahora mantiene el expresidente viviendo sin vivir en él. Concretamente, sostiene que en España hay 'lawfare' (utilización del sistema judicial con fines de persecución política, también llamada 'guerra judicial') y critica el revuelo que se ha creado en las asociaciones de jueces y fiscales por la alusión a dicho término en el pacto PSOE-Junts. Zapatero defiende la creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados sobre supuestos casos de 'lawfare'. Mientras escribo este artículo leo que Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes, afirma que en la Justicia española existe el 'lawfare'. Es como las meigas, dice, «haberlas, haylas». Y hace unos días, Pérez Royo, tan mesurado como siempre, ha manifestado que el 'lawfare' ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado la categoría de golpe de Estado, como ocurrió, dice, con la STC 31/2010. Con estas afirmaciones se adopta el relato impuesto por Puigdemont y los líderes del 'procés independentista', que acusan al Estado de persecución y se presentan como víctimas indefensas de las ciegas parcialidades, desviaciones y venganzas de la Justicia española, poniendo de vuelta y media al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. En agosto, Puigdemont dijo a los suyos que haría «mear sangre» a Pedro Sánchez. Y el resultado se refleja en la analítica del acuerdo PSOEJ-Junts. Con la amnistía como telón de fondo, y meando sangre, el acuerdo prevé lo siguiente: «En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». La hematuria se detecta a simple vista. La sola insinuación del 'lawfare' mina la credibilidad del sistema judicial español. Y la previsión de comisiones de investigación al respecto, con anuncio de posibles acciones de responsabilidad, es un disparate. ¡Sí! La referencia al 'lawfare' en el acuerdo PSOE-Junts es imprudente e injusta, y hace el caldo gordo a Puigdemont y a los líderes independentistas. Con razón ha sido vista como injerencia intolerable en la independencia judicial, hasta el punto de que ha conseguido unir a las asociaciones de jueces y fiscales, progresistas y conservadoras. Las asociaciones judiciales han manifestado que el término 'lawfare' «es inaceptable porque presupone desconfianza en el funcionamiento del poder judicial» y una «revisión parlamentaria» de decisiones judiciales constituiría una «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), creado por la Constitución para garantizar la independencia del poder judicial.

Los jueces no son ángeles, pero en su inmensa mayoría ejercen su función con acierto, decoro y profesionalidad. Obviamente —como humanos que son— a veces cometen errores y son presa de pasiones. Cierto es también que en épocas pretéritas fueron utilizados como instrumentos al servicio del poder político, pero la Constitución de 1978 configura un poder judicial que ocupa un lugar de honor entre las instituciones similares consagradas en las democracias europeas; un poder judicial integrado por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, que tienen prohibida la afiliación a partidos políticos o sindicatos y el desempeño de empleos o cargos a su servicio. La regulación del poder judicial, el sistema de incompatibilidades, infracciones, recusaciones, denuncias y recursos, así como las funciones encomendadas al CGPJ, son bastantes para prevenir y corregir, si los hubiera, casos de 'lawfare'. Lo que tienen que hacer los partidos políticos firmantes del pacto es respetar la separación de poderes y la independencia judicial, garantizadas por la Constitución. La Justicia no está para bromas y necesita menos zaparruchadas, más 'law' y menos 'fare'. Sin Justicia independiente no hay tutela efectiva de los derechos y libertades ni Estado de Derecho.