Patrimonio forestal andaluz
La nueva Ley de Montes andaluza debe dar prioridad a la conservación y regeneración de los distintos ecosistemas que mantienen la biodiversidad
Andalucía cuenta con un gran patrimonio forestal, mas de cuatro millones y medio de hectáreas, que suponen la mitad de su territorio. Bosques de encinas, ... alcornoques, coscojas, coníferas, matorral y monte bajo componen una riqueza medioambiental inigualable. Albergan biodiversidad, limpian el aire, acopian agua, almacenan gases de efecto invernadero, crean y protegen el suelo, producen alimentos y son fuente de bienestar material y psicológico para la población.
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Recientemente ha comenzado a dar los primeros pasos la nueva Ley de Montes andaluza. Una norma que debe dar prioridad a la conservación y regeneración de los distintos ecosistemas que mantienen la biodiversidad, creando oportunidades de bienestar en la población rural sin centrarse solo en los aspectos monetarios.
A principios de este año se alumbró la Adecuación del Plan Forestal Andaluz. Esta adecuación llegó al parlamento pasados casi ocho años desde que en 2016, por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ordenara su redacción. El retraso da fe de la dejadez de las distintas administraciones ante el capítulo forestal; mientras, los montes andaluces esperan una serie de medidas que de forma urgente deben tomarse para su mejora y protección.
Los presupuestos dedicados a la Gestión del Medio Natural son escasos y algunos ejercicios no llegan a completar su ejecución. El Plan Forestal Andaluz acumula un déficit desde su instauración de más de mil millones de euros, consecuencia de años de olvido. Y en las previsiones de la nueva adecuación se observa un decrecimiento de las inversiones año tras año nada acorde con las necesidades existentes.
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Las grandes extensiones de pinares de repoblación, 600.000 hectáreas, que a través de la Administración Forestal del Estado, durante el siglo pasado, se plantaron en nuestras sierras, siendo las provincias de Granada, Almería, Jaén y Málaga territorios prioritarios con la idea de proteger sus desnudos suelos, facilitar la posterior colonización de vegetación autóctona, generar riqueza maderera y que fueron abandonadas a su suerte, necesitan intensas y urgentes labores de regeneración. Sin las actuaciones adecuadas han desembocado en masas arbóreas monoespecíficas, densas y coetáneas de escasa biodiversidad, pasto de plagas y propensas a ser pasto de las llamas; en caso de iniciarse un incendio es de muy difícil extinción, produciendo con las adecuadas condiciones meteorológicas los llamados de sexta generación.
Son muchas los miles de hectáreas de antiguos terrenos agrícolas abandonados que han devenido en forestales, sobre todo en las sierras costeras de las comarcas de la Contraviesa granadina y almeriense y la Axarquía malagueña. En 1993 existió el último Programa Europeo de Forestación de Tierras Agrícolas desde entonces han sido escasas las iniciativas tendentes a regenerar estos grandes territorios. Del último Plan de Desarrollo Rural, que contenía ayudas a la reforestación, quedó dinero sin adjudicar y no se tienen noticias de nuevas convocatorias. Podemos sacar la conclusión de que en Andalucía no se reforesta.
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En la provincias occidentales la enfermedad de la 'seca' hace estragos en encinas y alcornoques, mientras algunos equipos de diagnostico han sido desmantelados. En Huelva los terrenos forestales pasan a agrícolas de forma ilegal agravando los problemas de agua y las plantaciones de eucalipto siguen usurpando espacio a los bosque autóctonos.
Los grandes alcornocales que tradicionalmente han sido fuente de trabajo y riqueza necesitan ser regenerados y la manufactura del corcho precisa un centro de investigación y desarrollo que realice innovaciones e inversiones haciendo que el valor añadido de su manufactura se quede en nuestra tierra aumentado el número de puestos de trabajo y diversidad de aplicaciones.
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En el Plan Estratégico de la Política Agraria Común elaborado por el Gobierno Central se destinan ayudas insignificantes al mantenimiento de los pastos, recibirán 55 euros por hectárea muy lejos de los 1.235 euros por hectárea destinados a las tierras de cultivo mejor subvencionadas. Esto pone en un brete la supervivencia de muchas explotaciones ganaderas de las dehesas andaluzas situadas en las sierras de la corona norte de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.
Los incendios forestales son cada vez mas intensos y conllevan consecuencias ecológicas y sociales sin precedentes; son un problema complejo que se agrava con el cambio climático. Sin descuidar la extinción, las inversiones deben ir fundamentalmente dirigidas a la prevención, desde la Plataforma por el Monte Andaluz instamos a la Junta de Andalucía a aumentar las inversiones directamente relacionadas con esta tarea hasta los 177 millones anuales, considerando que los 125 actuales son claramente insuficientes. Hay que replantear las actuaciones post-incendio evitando la corta de arbolado y la entrada de maquinaria pesada que provoca enormes destrozos y acelera los procesos de erosión; se deben favorecer los procesos de regeneración natural de matorrales y arbolado tras el incendio. Urge estabilizar las plantillas de Infoca todo el año cumpliendo los plazos marcados por el compromiso de la Junta, evitando las travas que impiden que un tercio de la plantilla eventual esté ya en activo todo este año.
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En el noventa por ciento de los incendios está detrás la mano humana de forma intencionada o descuido. Para prevenirlos es fundamental la educación ambiental hacia todos los sectores de la población implicando de manera decidida a los centros escolares y medios de comunicación, ligar a la población con el bosque y favorecer las actividades como el ganadería extensiva, fundamental en mantener a raya el exceso de material combustible.
El progresivo desmantelamiento del sector público afecta también al terreno forestal, es muy grave la progresiva disminución de personal técnico en la Consejería de Medioambiente especializado en materia forestal tanto en las Delegaciones Territoriales como en servicios centrales, cifrado por la propia Consejería en un 56 % del número existente en 2008.
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