Juicio

Ningún fiscal que actúe con independencia es capaz de aferrarse al cargo y no presentar la dimisión, después que el magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, observara indicios delictivos y ordenara la apertura del juicio oral. Sólo si el fiscal García Ortiz tiene la seguridad y el respaldo incondicional del Gobierno, antepone sus intereses personales a los de la institución que representa, y a la que está mancillando. En su relación con Sánchez habrán acordado, por interés mutuo, que no dimita; cerrarán filas en favor de su defensa con el Gobierno y los medios; le asistirá la abogacía del Estado y fiscalía; y, si le condenan, le aplicarán un indulto, expertos en estas lides discrecionales. Además, tienen a su servicio al Tribunal Constitucional, especializado en revocar sentencias del Alto Tribunal. La batalla mediática durante estos veinte meses entre las informaciones afines gubernamentales y la oposición han sido sin cuartel. No parece que vaya a terminar, porque la beligerancia política del Gobierno hará 'casus belli' de este asunto: si se dicta una sentencia condenatoria contra García Ortiz, no respetarán a los magistrados, que calificarán de la extrema derecha; si le absuelven montarán el aquelarre mediático de la persecución y «lawfare», para reparar la injusticia contra un héroe de la causa progresista. Se trata de no perder el relato, y aprovechar para atacar a sus adversarios políticos y desviar la atención de constantes asuntos de corrupción.

El presidente del Gobierno tuvo la osadía el domingo pasado en el periódico El País —con sólo tres sesiones del juicio—, de presionar a los jueces y erosionar la independencia judicial, con unas palabras indecentes e imprudentes: «El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio». Sánchez se erige en el poder Ejecutivo, en el poder Legislativo que también controla, salvo la espantada del socio independentista de siete votos, y termina por asumir de facto las competencias del poder Judicial. ¡Ay como se les ocurra a los siete magistrados del Tribunal Supremo contradecir la sentencia de su señoría supremísima Sánchez! Desde el punto de vista jurídico este juicio es muy interesante, porque al acusado no se le ha cogido con la 'pistola humeante', lo que lleva al tribunal, según el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a «apreciar, según su conciencia, las pruebas practicadas en el juicio». La prueba del borrado del teléfono móvil y de la cuenta de correo de García Ortiz, que lo hizo él mismo cuando conoció la acusación, como ha expresado la UCO de forma contundente, son los indicios más sólidos. Nadie borra ni destruye unas pruebas decisivas con las que podría defenderse. La foto del miércoles pasado fue la del fiscal general en el antiguo convento de las Salesas Reales de Madrid, al bajar de los estrados para sentarse en el banquillo de los acusados, sin los ropones y la toga con puñetas. El tribunal para condenar al acusado, que es acreedor del principio constitucional de la presunción de inocencia, tendrá que tener la certeza moral. Sólo desde este convencimiento firme se puede condenar, no desde la duda, porque 'in dubio pro reo'.