Nuestro sistema democrático se basa en lo que Rousseau llamó en 1762 el 'Contrato Social', se sumergía en las teorías de los antiguos filósofos Cicerón ... y Platón, y llegó a convertirse en la base política de los sistemas democráticos desde esa época a nuestros días. El resumen es fácil, el ciudadano cede parte de sus libertades a cambio de la seguridad en todos los sentidos que le ofrece el Estado. Transforma a los individuos en ciudadanos soberanos que participan en la formación de la «voluntad general», la cual dicta las leyes que todos deben seguir. Así, la democracia se legitima a través de la autodeterminación y la obediencia a leyes creadas por el propio pueblo.
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El contrato social es un pilar fundamental de la democracia, ya que postula que la legitimidad del poder político reside en el consentimiento de los ciudadanos, quienes establecen un acuerdo voluntario para formar una sociedad. Pues bien, la realidad es que la actual situación política en España nos lleva a pensar que se evidencia la ruptura de ese contrato por la pérdida de confianza de los ciudadanos en el gobierno, la frustración por la falta de reconocimiento del esfuerzo individual y colectivo, y el incumplimiento del Estado de sus deberes de protección se han manifestado en graves desigualdades económicas, estancamiento económico, la incapacidad del Estado para responder a las crisis vividas de incendios, danas, vivienda, desempleo, falta de oportunidades para jóvenes, carestía de la cesta de la compra, corrupción, etc. En definitiva, la ruptura unilateral del contrato social entre gobierno y sus ciudadanos por la inacción de este sin capacidad de sacar leyes en beneficios de los ciudadanos por falta de apoyos parlamentarios, hace que una legislatura fallida siga manteniendo a un gobierno débil. Y los incumplimientos del Gobierno de Sánchez no acaban ahí, ya que hay que sumarle la falta de incorporación de directivas europeas, de las resoluciones del Consejo de Transparencia, o el incumplimiento constitucional de presentar los PGE durante años. Otros puntos de fricción son las transgresiones en las promesas de campañas electorales con los posibles problemas por la aplicación de la ley de transparencia, llegando a infringirla en 1.200 ocasiones, resumidos en 94 directivas de la UE sin incorporar y nueve condenas contra España, lo que califica al Gobierno de Sánchez como «el más incumplidor de los 27 de la UE», negando información a los ciudadanos y desobedeciendo 56 resoluciones de su Consejo. Tampoco ha cumplido su promesa de Regeneración democrática, ya que hay 25 importantes entidades públicas lideradas y colonizadas por miembros afines al PSOE. Suma y sigue, tiene el gobierno a su Fiscal General del Estado en un procedimiento judicial investigado, a un ministro y a dos secretarios generales del PSOE, con independencia de su esposa y hermano.
El incumplimiento de las propias funciones del Estado encomendadas al gobierno, ha dado como resultado que siendo la legislatura de mayor recaudación fiscal y disponibilidad de fondos de la UE no hayan resuelto las carencias estructurales de nuestra economía, lo que está provocando un indeseable desencanto al fallar el gobierno en su rol de proteger y asegurar el bienestar, haciendo que los ciudadanos se sienten liberados de sus obligaciones de ese contrato social, y con un final incierto. La solución solo pasa por un revulsivo, lo que hace necesaria la convocatoria electoral.
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