La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia

Ahora bien, ¿quién y qué hay detrás de todo este conflicto? Hay frases que pueden resumir un acontecimiento: «sabemos lo que valen, pero no queremos ni oír sobre lo que cuestan».

¿Acaso es ecuánime que si un colectivo contribuye a mejorar y dotar de calidad profesional al sistema de justicia no haya una contraprestación por la otra parte? El planteamiento del Ministerio no es ni coherente ni respetuoso; al contrario, parte de un estilo egoísta impropio de un gobierno justo. Su respuesta no es otra que una manifestación del «culto a la mentira e injusticia».

Siempre ha existido una aceptación encubierta de escaso protagonismo en este colectivo, discreto socialmente, humilde profesionalmente y con una falta de valentía al encontrarse junto a otros dos enormes colectivos, jueces y fiscales, que gozan de un mayor protagonismo social, lo que les ensombrece, sin que esa asimetría se deba traducir en una asimetría profesional. Pero esta ausencia de visualización social no obedece a una falta de preparación técnica ni de profesionalidad, sino a un cúmulo de circunstancias que han favorecido el oscurantismo de esta figura jurídico-procesal.

Los trescientos temas de su oposición se traducen en una serie de competencias y responsabilidades: junto con el Juez tienen el carácter de autoridad, adoptan sus propias resoluciones procesales, son responsables de la gestión de ejecución tanto de sus resoluciones como de las del Juez; de los actos de comunicación, citaciones y notificaciones, realizan embargos, requerimientos, liquidaciones económicas y de cumplimiento de penas, conciliaciones, bodas, asisten a registros en los domicilios, son responsables de la gestión de todo dinero que entra en los juzgados y un largo etc. Los LAJ con sus conocimientos técnicos añaden calidad al sistema.

Hoy nos encontramos con un movimiento corporativo indignado con unos gobernantes que desatienden a quienes elogian en los preámbulos de sus leyes, deshaciéndose en todo tipo de bondades, pero eso sí, sin que ello conlleve una traducción económica, aunque sea una deuda histórica justa y pactada.

No es coherente que el que haya sido, según el Ministerio, piedra angular de tantas reformas y se haya potenciado hasta el infinito y más allá, ahora se merezca este inmovilismo. Cuando los paros eran intermitentes, la excusa era que la huelga era algo extravagante y puntual, pues no estaba secundada por la asociación mayoritaria. Solucionado el argumento, el conflicto pasó a ser un conflicto político: el colectivo profesional, según el Ministerio, tiene como único objetivo «fastidiar a los ciudadanos». A estas alturas de la vida, que un cargo político se exprese en esos términos es patético, denota un escaso conocimiento corporativo y un desprecio profesional.

En esta tesitura, y para nuestro colectivo, ¿qué podemos hacer? Sabemos que algo está mal. Ahora bien, no será posible una mejora importante en la suerte si no viene de la mano de un gran cambio en nuestra concepción por parte de nuestros dirigentes. Si en su momento se consiguieron resultados legislativos en materia de competencias, el paso del tiempo ha hecho que esos resultados se conviertan en una sátira de nuestros sueños. Cada LAJ es una parte del colectivo, una parte del todo, y el éxito del movimiento que empezó el día 24 radica en regularizar el equilibrio quebrado en la potenciación de funciones sin una traducción económica, algo que no se entiende en el ámbito laboral y social, por más que diga un Secretario de Estado, por inmenso que sea.

El propósito de la existencia del LAJ no es conflictivo, ha sido, es y será, hacer del sistema de justicia de nuestro Estado un sistema más eficaz, más equilibrado, más ágil, sin que por ello se comprometan los valores de equidad y justicia. Pero el Ministerio de Justicia, qué ironía, nos trata y nos considera unos inútiles; nos dice que no somos ni jueces ni fiscales, parece que considera que no hay más técnicos jurídicos dentro del sistema de justicia (vaya visión obtusa). Pero no, nuestro colectivo defiende un marco profesional propio en un sistema de justicia de calidad.

¿Qué se pide desde estas líneas? A los medios de comunicación visibilidad, a la sociedad civil respeto, a los operadores jurídicos solidaridad y a mis compañeros unidad, valentía y firmeza.