Seguro que les parecerá presuntuoso el título de este artículo de opinión, firmado además por un granadino, pero déjenme explicarle el porqué de esta provocación. ... Durante siglos, desde la Reconquista, el nombre de Andalucía se utilizaba para una parte de la región, con el reino de Granada en la otra. Esta división se adaptó, terminada la llamada Reconquista, con los cuatro reinos, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Posteriormente, vemos propuestas o cartografías que utilizan la terminología de Andalucía Alta y Baja, Oriental y Occidental, Bética y Penibética. El motrileño Javier de Burgos en 1833 intentó terminar con el debate, con su división provincial de España, en la que señalaba que Andalucía la conformaban las ocho provincias actuales. Sin embargo, por citar algunos referentes más próximos, en la Constitución Federal de la Primera República en 1873, se señala que componen la nación española, los estados de Andalucía Alta y Andalucía Baja… Y más recientemente, cuando se celebra la Asamblea Regionalista en Córdoba en 1933, los representantes de Granada estuvieron en contra de aceptar el Estatuto andaluz propuesto, defendiendo la permanencia de Andalucía oriental, retirándose incluso de la asamblea, posición a la que se unieron Jaén, Almería y Huelva. En el tardofranquismo existía el Consejo Económico y Social de la Penibética (Málaga, Granada y Almería) y divisiones de todos los tipos según se organizaba el espacio militar, universitario, agrícola, comercial, etcétera. Muerto Franco serán las diputaciones provinciales las que intentan, no sin reticencias, una mancomunidad de las ocho provincias andaluzas y la elaboración de un plan director (PDTC) para el conjunto de la región. Será, sin embargo, la Asamblea de Parlamentarios andaluces, constituida tras las elecciones generales de 1977, cuando se acuerde apostar de nuevo por una única región, con ciertas discrepancias por parte de representantes de Granada y Almería. La manifestación unitaria y multitudinaria del 4D de 1977 pareció cerrar las diferencias, que quedaron ahormadas cuando el Gobierno Suárez aprobó el régimen preautonómico en 1978. Tras las elecciones municipales, el referéndum del 28F aclaró el panorama por el apoyo masivo de la ciudadanía a una única Andalucía, volviéndose a ratificar en el referéndum del Estatuto de Autonomía y en las primeras elecciones autonómicas de 1982, que dan lugar al primer Parlamento de Andalucía y al primer Gobierno presidido por Rafael Escuredo. Estos hitos históricos recientes terminaron de cerrar el consenso en torno a la creación de una comunidad autónoma en Andalucía, con el máximo techo competencial, con respaldo popular. Ahí se crea, de verdad y por primera vez en la historia, Andalucía como entidad política con capacidad propia de autogobierno. Los picapleitos podrán poner nubarrones en el épico recorrido realizado, pero todo él fue acordado en las Cortes Generales democráticas y Andalucía como CCAA, no tiene tara alguna o defecto estructural en su conformación, por carencia de denuncia o sentencia del único órgano que podía haberla puesto, el Tribunal Constitucional por recurso ante él.
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Sin embargo, todos éramos conscientes de que el acuerdo final de autonomía por el 151 de la Constitución había dejado heridos en el camino y partidos políticos desarbolados, por lo que había que multiplicar los gestos y las políticas de cohesión y buen funcionamiento en un territorio tan extenso. Había que dar más puntadas al acuerdo, y ya en la primera sección del Parlamento de Andalucía, tras su constitución, que tenía que acordar la capitalidad de la CCAA, las diferencias fueron notables y con 79 votos favorables, 24 abstenciones y 4 contrarios, se acordó que la capital sería la ciudad de Sevilla y Granada, la sede del Tribunal Superior de Justicia. Los sucesivos gobiernos socialistas entendieron de donde veníamos y qué queríamos los andaluces, y planificó como cohesionar todo el territorio, diseñando la A-92, multiplicando las universidades y los parques tecnológicos, e intentando que las inversiones fueran equilibradas en todas las provincias, apostando por que no hubiera una Andalucía despoblada o vaciada por falta de escuelas, institutos, centros sanitarios, informáticos o de gestión económica y social.
Apostó el gobierno socialista también por un gran corredor ferroviario central, desde Huelva y Cádiz, pasando por Sevilla, a Antequera, Granada, Guadix y Almería, con conexiones a Algeciras, Málaga, Córdoba y Jaén. Corredor que se convertiría por Reglamento de 2010 del Consejo y el Parlamento Europeo en el Corredor Ferroviario Mediterráneo. Las obras se alargaban con los gobiernos del PP y al corredor le salió un primo lejano, un brazo o ramal central que desde Algeciras llegaba a Córdoba y de ahí a Madrid y Zaragoza, todas ciudades muy mediterráneas. Dos ramales del mismo Corredor Mediterráneo, con el inconveniente para algunos que el que se dirigía a Almería por Granada, atravesaba zonas montañosas y era de más difícil ejecución. En plena pandemia hemos visto como los consensos duran lo que dos peces de hielo en un whisky on the rocks… Nuestros aliados a la hora de aceptar dos ramales se han vuelto avariciosos con la Junta gobernada por el PP y ahora, el alcalde popular de Algeciras, con el apoyo de la Junta, forman un lobby, 'Ramal Central', para potenciar el corredor ferroviario hacía Madrid y Zaragoza, dejando en un segundo plano, parado o pospuesto sine die, al que era el Corredor ferroviario Mediterráneo original aprobado en la UE, que pasaba por Antequera, Granada, Guadix y Almería, siguiendo por todo el levante. Esta propuesta es brutal para la provincia de Granada, dejándola aislada, desde el punto de vista del transporte de mercancías, lo que supone un durísimo golpe a sus posibilidades logísticas y de desarrollo socioeconómico futuro.
La gota que colma el vaso de este despropósito ha sido la firma del documento 'Ramal Central', el 21 de enero de 2021, del mismísimo alcalde de Granada, Luis Salvador, de Ciudadanos, que gobierna el Ayuntamiento con el PP y el apoyo de Vox. Tamaña sinrazón y afrenta a los granadinos es una prueba más de su enorme insolvencia e incapacidad para dirigir esta ciudad. La voz de todas las instituciones y organismos de Granada tiene que oírse fuerte y clara, no aceptaremos discriminación alguna. El equilibrio en la toma de decisiones estratégicas en Andalucía, para cohesionar todo el territorio sin exclusiones es la base del Estatuto de Autonomía y del propio ser de Andalucía. Romper este acuerdo es traspasar, a mi parecer, una línea roja de incalculables consecuencias. Cuidado, sin Granada, no hay Andalucía.
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