La citación por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para que preste declaración como testigo ... por el espionaje con Pegasus al presidente Sánchez y otros tres integrantes del Gobierno constituye una diligencia comprensible a tenor de la singularidad de la causa. Pero la mera convocatoria a los juzgados centrales de Bolaños subraya el delicado terreno en el que optó por adentrarse el Gobierno al destapar, en una comparecencia inédita en democracia, la brecha de seguridad que habían sufrido los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska mediante el 'malware' israelí, con el que se intentó irrumpir también en el de Luis Planas. Resulta vano que, antes y ahora, el Ejecutivo trate de desligar esa insólita revelación del malestar con sus socios de ERC a cuenta del espionaje a una sesentena de representantes independentistas. El coste de haber hecho pública la vulneración en la seguridad de Moncloa, en un contexto que acabó con la destitución de la directora del CNI Paz Esteban, solo podría resultar asumible si sirve para que el juez pueda determinar quién espió nada menos que al presidente del Gobierno y se depuren responsabilidades si las hubo.
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