El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont fue detenido en Cerdeña, encarcelado y puesto en libertad en pocas horas a la espera de que la ... Judicatura italiana resuelva sobre la euroorden que pende sobre él. La instrucción judicial sobre los sucesos que desembocaron en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña produjo una división entre los responsables independentistas que estos no acaban de metabolizar y explicar ante sus seguidores. La división entre los que se pusieron a disposición de la Justicia y los que optaron por eludir la acción de jueces y tribunales huyendo de España. El secesionismo, que cuestiona la naturaleza democrática del Estado constitucional, no puede poner de ejemplo la actitud de los primeros, empezando por Oriol Junqueras, por lo que tiende a verse obligado a sublimar el supuesto 'exilio' voluntario de Puigdemont. La reivindicación de una amnistía y la denuncia de la «represión» con la que se niega a distinguir el papel correspondiente a cada uno de los poderes del Estado liberal tratarían en el fondo de soslayar la contradicción que el soberanismo se esfuerza en ahogar sobre el camino por el que se inclinaron los distintos responsables del 'procés'.
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Pedro Sánchez recordó ayer algo que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha obviado en exceso cuando indicó que Puigdemont debe personarse ante el Supremo. Las dificultades que atraviesa la euroorden dictada desde el alto tribunal para ser asumida como propia por instancias judiciales de otros países y de la UE no solo remiten a la inexistencia de un tipo penal idéntico a la sedición en otras legislaciones. Resulta más preocupante que esas dificultades contribuyan a legitimar la obstinación de Puigdemont por preservar su libertad a salvo de los requerimientos de la Justicia española, como si esta no se atuviera a una legalidad homologable a la del resto de Europa.
Cuando Pere Aragonès denunció ayer que «el Estado español solo busca venganza» intentaba dibujar un mapa en el que Cataluña se situaría aparte. Pero, sobre todo, reiteró la negativa secesionista a reconocer o cuando menos promulgar la independencia del Poder Judicial respecto al Legislativo y el Ejecutivo. De hecho, sus palabras iban dirigidas a emplazar a Sánchez y su Gobierno para que aseguren la «libertad inmediata» de Puigdemont. De nuevo, todo a expensas de lo que suceda con el prófugo de Waterloo.
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