La imputación por el juez de Tarragona Rubén Rus de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y de Mariano ... Rajoy, y de nueve ex altos cargos de su departamento por el amaño de leyes para favorecer los intereses de un conglomerado de empresas gasistas constituye un presunto caso de corrupción lo suficientemente grave como para agudizar la desazón ciudadana ante una cadena de ilícitos –o cuando menos de sospechas– que parece no tener fin. Una desazón que resulta aun más insufrible cuando se constata el nocivo patrón que siguen, década tras década, tanto los implicados en las causas judiciales incoadas como los partidos a los que salpican las irregularidades que arraigan en el armazón político e institucional. O lo que es lo mismo, en el Estado que se ve erosionado severamente cada vez que se vulnera la probidad que debe serle propia; al sistema y a quienes lo encarnan en nombre del conjunto de la sociedad. Es verdad que la supuesta trama de influencias y favores retribuidos que el instructor atribuye a Montoro resulta más sofisticada –y, sobre el papel, más compleja de acreditar– que otras corruptelas: una red por la que Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro entre su salida del Ejecutivo de Aznar y su regreso con el de Rajoy, habría recibido pagos de las gasistas a cambio de que los propios técnicos de éstas llegaran a redactar leyes destinadas a beneficiarlas fiscalmente. Pero más allá de lo refinado del procedimiento y de confirmarse la instrucción, estaríamos ante un nuevo episodio del empozoñamiento de siempre: el del político vendido a los intereses de parte transformados en los suyos.
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Esta emulación, no obstante, no quita relevancia al caso, antes al contrario: elaborar una legislación 'ad hoc' –lo que el PP reprocha con razón a Sánchez con la amnistía– excava peligrosamente los cimientos de la democracia y de la separación de poderes que la garantiza. Por eso es reprobable que los populares intenten relativizar el alcance del encausamiento de Montoro jactándose de que no va «de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen», porque la escapista comparación con el 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo' y el de Begoña Gómez solo confirma el vicio de los partidos de descargar las responsabilidades propias y enfatizar las ajenas. Un patrón que también reprodujo ayer el Gobierno, siempre tentado a hacer pasar por hipotéticos ataques espurios las acreditadas dificultades que atraviesa.
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