La legislatura contará finalmente con una ley de vivienda, según anunciaron ayer ERC y EH Bildu, después de que Pedro Sánchez mostrara la víspera su ... confianza en que terminará el mandato cumpliendo con un compromiso icónico para el PSOE y, sobre todo, para los socios a su izquierda. Pero que se hacía esperar, suscitando dudas sobre si unos y otros preferían reservar posturas programáticas para mantener perfiles diferenciados ante las próximas elecciones generales. La norma fijará un tope del 3% de subida de los alquileres previamente contratados para 2024. Dado que la competencia al respecto corresponde a las comunidades autónomas, serán éstas las que decidan aplicar lo pactado u optar por otra vía. Aunque la norma establecerá que la regulación de los arrendamientos se extenderá a todas las zonas tensionadas, las que detraigan más del 30% de la renta de los hogares.
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A medio camino entre el proyecto impulsado por los socialistas y las alternativas defendidas por sus socios, la futura ley respondería a la necesidad de salvar las desavenencias en las izquierdas, como si éstas pudieran totalizar la representación del país y sus diversos intereses. Empezando por los de los inquilinos y los de los propietarios. El momento lo dice todo. Sánchez brinda una ley a sus candidatos a alcaldías y comunidades autónomas ante el 28 de mayo, mientras las formaciones a su izquierda reivindicarán que el PSOE se ha avenido a gran parte de sus exigencias pero que mantienen muchas más para proceder a otra vuelta de tuerca en la próxima legislatura. Se desconoce qué mecanismo de evaluación seguirá el impacto sobre el mercado de la vivienda y el ejercicio efectivo del enunciado constitucional para su acceso. Evaluación que requeriría tratar de medir por separado los efectos de cada una de las medidas que introduce la norma.
El anuncio del presidente, «Vivienda digna por ley», olvida que ni el BOE puede modularlo todo, ni alcanza a evitar que las intenciones legislativas se tuerzan o desvanezcan. En su afán por apuntalar la alianza de la investidura y garantizarse la siguiente, Sánchez opta por naturalizar la participación de ERC y EH Bildu en la gobernación del Estado, otorgándoles el protagonismo en la exposición de un acuerdo que concierne a todos los españoles. Una concesión gratuita que le permite, de paso, orillar a Podemos, pero que forma parte de un juego que se encuentra ya fuera de control en el Gobierno tripartito.
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