Las dos revelaciones de distinta naturaleza conocidas ayer que afectan a Begoña Gómez –el informe de la Intervención de Hacienda que apunta a que sus ... cartas de recomendación del Grupo Barrabés fueron claves en un proceso de adjudicación de contratos públicos plagados de irregularidades y el de la UCO que certifica que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez realizaba gestiones de peso para su cátedra– trazan un comportamiento que, a estas alturas de las investigaciones, puede catalogarse al menos como impropio. Mientras en el primer caso Gómez no está formalmente involucrada, en el segundo la Guardia Civil aporta nuevas evidencias con las que el juez Peinado puede apuntalar su intención de sentar a la encausada ante un jurado popular por presunta malversación. Es decir, está por ver aún que la conducta de la esposa de Sánchez derive en una responsabilidad penal. Pero lo que a cada día que pasa resulta menos sostenible es defender su proceder como si no mereciera ya un reproche ético por lo que, en la mejor de las suposiciones, constituye una perniciosa confusión entre la ciudadana Gómez y la consorte de quien está al frente del Gobierno de todos.
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