La Comisión Europea puso ayer en cuestión ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) que la ley de amnistía llamada a exonerar las causas penales, ... administrativas y contables vinculadas al 'procés' catalán respondiera al interés general de los españoles, y no al interés político de que Pedro Sánchez consiguiera forjar su investidura. Los servicios jurídicos de Bruselas se hacen eco así de una evidencia a la que recurrió el propio presidente del Gobierno cuando el Tribunal Constitucional avaló la amnistía, al destacar que la sentencia dejaba claro en qué consistía el ejercicio de la política en democracia. Con sus objeciones, el Ejecutivo comunitario también cuestiona que las instituciones españolas hicieran caso a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, al optar por una tramitación vía proposición de ley y con carácter de urgencia que soslayaron el parecer de los órganos constitucionales, como el Consejo de Estado o el del Poder Judicial, que pudieran informar sobre el contenido de una iniciativa legislativa tan controvertida. Iniciativa que en nombre de «la reconciliación» ha generado por sí misma una notable división en la política y en la sociedad españolas.
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El TJUE no podrá eludir en sus deliberaciones la presunción de que la norma pactada entre los partidos del Gobierno y las formaciones beneficiadas por el olvido penal se convirtió en una autoamnistía. Y ello con independencia de que, al examinar las cuestiones prejudiciales que le han elevado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, la corte de Luxemburgo descarte que el articulado y la aplicación de la ley vayan en perjuicio del erario de la Unión –el delito de malversación atribuido, entre otros, a Carles Puigdemont– o de los principios que combaten la violencia –el delito de terrorismo por el que también se investigó al expresident–. Solo una resolución taxativa en favor de la amnistía permitiría a los patrocinadores de la norma reiterar que tanto sus intenciones como la literalidad de la ley promulgada atienden esencialmente al Derecho comunitario y a la tradición democrática de los países que integran la UE. Pero no será fácil que PSOE, Sumar, ERC y Junts encuentren en la decisión que finalmente adopte el TJUE argumentos que validen punto por punto sus propósitos y una narrativa que les permita acallar la crítica y la desazón que sigue suscitando no solo la amnistía, sino su interpretación por parte del secesionismo.
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