El 1 de junio entra en vigor la nueva factura de la luz, basada en dos criterios que a la vista de lo anunciado parecen ... como mínimo dudosos: el abaratamiento del servicio y la simplificación del recibo. Por una parte, el Gobierno ya ha reconocido que no se va a reducir la factura de un día para otro, y que irá en función de que el interesado cambie de hábitos para beneficiarse de la energía más barata. Es evidente que para un hogar normal será muy difícil este acoplamiento, que pretende evitar las puntas de demanda, lo que obliga en teoría a más gastos de infraestructura. Lo antedicho vale solamente para los 10,7 millones de clientes del mercado regulado; los que están en el mercado libre tendrán que negociar con sus compañías. Por otra parte, se pretende que el cliente entienda la factura que recibe y que expresa sus datos de consumo. Se especifica que reducirá su extensión a dos páginas y habrá además un código QR para que las familias puedan acceder al comparador de ofertas de la CNMC en busca de un proveedor más barato. La verdad es que estas explicaciones, en lugar de tranquilizar al cliente, lo llenarán seguramente de una mayor zozobra.
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