Mar de dudas

Leo y escucho a quienes atesoran conocimientos contrastados sobre todos estos temas y, a los cinco minutos, me doy cuenta de que ellos tampoco lo tienen demasiado claro. Se lían con circunloquios ininteligibles para no evidenciar su perplejidad, aun a sabiendas de que su interlocutor impaciente espera de ellos y ellas las claves precisas para desentrañar las múltiples interrogantes que nos plantea el hoy y el mañana. Cómo no, también los hay más sinceros y sinceras, que reconocen antes de pronunciarse su aflicción ante la dificultad de dilucidar lo mucho que nos sucede como especie. Y es precisamente esa duda sensata la que un gobernante no se puede permitir. Las vacilaciones le están vetadas, aunque la realidad le atropelle un día sí y otro también.

Esto que digo se demuestra sobremanera con el asunto del Sahara Occidental. 46 años han pasado desde que España, en 1976, se fuera de allí sin descolonizar totalmente aquel territorio, una decisión que se había tomado ya un mes antes de la muerte del dictador español. Desde entonces, Marruecos ha tenido dos reyes y España otros dos y siete presidentes del Gobierno. Al parecer, también todos ellos un mar de dudas en esta cuestión. Ellos, y sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, secretarios de Estado, diplomáticos, asesores… Pero, claro, ahora que hay un relativo pronunciamiento al respecto por parte del Gobierno español todo el mundo parece tenerlo clarísimo: hubiera sido aconsejable mantenerse en la hipócrita inacción y neutralidad del pasado. Dejando madurar -o podrir- asuntillos como la muy probable unión en el tiempo de dos masivas migraciones humanas en Europa: la proveniente de África, ahora absolutamente descontrolada, y la que nos llega de Ucrania, que ya va por 3,5 millones de personas y que podría llegar a los 5 o 6 millones.

Pero es que, si atiendo a las explicaciones sobre las últimas huelgas y manifestaciones, alentadas en las redes sociales por la extrema derecha -aunque luego, por distintas circunstancias, se hayan añadido organizaciones y colectivos perfectamente democráticos-, más de lo mismo. Total aturdimiento. El Gobierno ha negociado con los representantes legales de los distintos sectores afectados por los precios de la energía, buscando soluciones imaginativas. Y encontrándolas ayer mismo con los transportistas, mediante un acuerdo que costará al erario público más de 1.000 millones de euros, subvencionando -entre otros actores de este conflicto- a cada camionero 20 céntimos por litro de gasóleo y 1.500 euros de ayudas directas por camión. Dineros que, repito, no saldrán del bolsillo de Pedro Sánchez, sino del de todos los españoles y españolas.

Todo, con el gas subiendo desaforadamente desde mucho antes de que estallara la guerra, y con él la electricidad -cuyo precio lo marca precisamente el gas- y el petróleo. Poco más puede hacer España al respecto que no sea presionar en la UE para decidir otro modo de, al menos, fijar los precios de la electricidad. También podría bajar impuestos donde aún no lo ha hecho, en los combustibles, pero ojo: España está en el puesto 19 de Europa en la proporción de impuestos sobre el precio total de diésel. Sin ir más lejos, los transportistas de Portugal y Europa siguen llenando el depósito cuando pasan por España.

Y sí, hay que frenar la inflación, pero no de cualquier manera. Por supuesto, intentando alterar lo menos posible el equilibro de nuestro Estado Social, sustentado a través de un sistema impositivo moderado y proporcional. Por ese hilo casi invisible han de transitar nuestros gobernantes, y hay fuerzas a las que interesa sobremanera empujarlos para que todos y todas caigamos en el abismo. Con ese fin utilizan la desconfianza y los bajos instintos de trabajadores y trabajadoras de buena fe, que se lanzan a la calle para manifestarse no se sabe muy bien contra qué o contra quién. Son gente muy enfadada y, como yo, en el medio de un mar de dudas. Y, ante la duda, ya saben, leña al 'sanchismo' y 'social-comunismo'.