En diferentes medios de comunicación y artículos, están teniendo visibilidad las situaciones precarizadas de las personas, la pandemia incrementaba en más de 700.000 personas ... en situación de pobreza, de las que en Andalucía 200.000 más. Ya está confirmado que como mucho con el IMV serán 200.000 familias beneficiadas. Qué ha pasado con «nadie atrás», dónde están las políticas para las familias precarizadas que eran millones antes del Covid-19. Sin olvidar que ésas familias sin empleo ni ingresos, tienen imposibilidad de pagar luz, agua, se tendrá que resolver desde el gobierno, igual que la imposibilidad de pagar una vivienda. Qué ha pasado con la vergüenza que se sintió por el informe del Relator de la ONU en la mala gestión de la pobreza y la carga burocrática para acceder a las ayudas. No se puede reconstruir un país con medidas de caridad, con recogida de alimentos. De nuevo se insiste en deslaboralizar los derechos sociales.
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Amaia Pérez Orozco dice que «hay que blindar los cuidados, como un derecho que debería ser universal, con condiciones laborales dignas para las cuidadoras y protección social para las familiares». Otros ministerios del gobierno, no solo Igualdad, tienen que aplicar una mirada transversal para otras políticas que incidan en otro modo de organización como sociedad y se priorice otro modelo de política económica que defienda la centralidad social, política y económica de los cuidados y la sostenibilidad de la vida, falta esa mirada transversal para desprecarizar las vidas. Hay demandas que ganan urgencia como derogar la reforma laboral y reducir las jornadas laborales para así repartir el trabajo remunerado, la conciliación con el trabajo de cuidados sin reducir salarios. Formular otro sistema fiscal que permita establecer la renta básica universal incondicional. Sandra Ezquerra, directora cátedra UNESCO, cree que las respuestas de protección de derechos laborales no han sido tan contundentes, tampoco en clave social y en la atención a las personas más vulnerables han sido tibias. Hay diferencias con otros países, cuando España arrastraba las consecuencias de otras crisis, la precariedad ya era muy elevada.
Conviene recordar que un estudio ha mostrado que el coronavirus sí entiende de género y precariedad. Carmen Castro, economía feminista, dice que las sanitarias, cuidadoras, trabajadoras de residencias, dependientas, cajeras y empleadas de hogar tienen condiciones de mayor precariedad y que los servicios públicos, socio sanitarios ya estaban muy debilitados. Sí, ignorar el impacto de género en las consecuencias económicas y sociales, ha agravado las desigualdades de las mujeres, aunque no se faciliten los datos desagregados. Es prioritario una democratización de las responsabilidades reproductivas.
Ellas hablan. Hoy lo hace Nancy Frasser, que defiende la necesidad de repensar las políticas de bienestar e impulsar el modelo de justicia de género y que la forma que adopte la organización social de los cuidados se encuentre preferentemente vinculada con el bienestar humano y la situación de las mujeres. Hay que cuestionar la identificación social de las mujeres con el ámbito reproductivo y de los hombres con el productivo. No basta fomentar la ocupación laboral.
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